Carlos Baeza, abogado y representante legal de las casas de apuestas online, precisó este miércoles que el oficio que envió hace algunos días el Ministerio de Justicia a la ANFP para finalizar en los próximos “30 días hábiles” sus contratos con dichas empresas es “ilegal e inconstitucional”.
PUBLICIDAD
El abogado apuntó, en conversación con biobiochile.cl, que la acción presentada por la cartera ministerial adolece de legalidad, considerando que las empresas que él representa (Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin) operan dentro del marco legal en el país.
La defensa al contrato con la ANFP y los clubes chilenos
“Es evidentemente ilegal e inconstitucional, tanto por razones de fondo como de forma. De fondo, porque se equivocan al mencionar la ilegalidad de la operación de las plataformas de apuestas en línea en Chile y la publicidad de estas”, inició Baeza.
“Y de forma, porque las facultades que la ley le otorga al Ministerio de Justicia en ningún caso y bajo ninguna circunstancia le permiten instruir dejar sin efecto contratos”, agregó el abogado, quien insistió en que tal “facultad recae exclusivamente en los tribunales de justicia”.
“Por esta razón, este oficio es ilegal e inconstitucional y atenta contra lo señalado en el artículo 19 Nºs3,15 y 76 de la Constitución”, puntualizó Baeza, quien aseveró que “este error del Ministerio de Justicia” le resulta “muy delicado”.
El Congreso retoma uno de los dos proyectos de ley sobre apuestas deportivas online
PUBLICIDAD
La Premier League elimina la publicidad de las casas de apuestas, ¿a qué se debe?
“La operación de las plataformas de apuesta en línea en Chile es absolutamente legal y no existe ninguna norma que prohíba su operación ni menos la firma de los contratos de publicidad. No hay ninguna irregularidad en esos contratos (...) y en nuestro caso, existen informes en derecho de Arturo Fermandois y Javier Couso que confirman la legalidad de nuestra operación”, explicó.
“En lo que sí hay un consenso transversal es sobre la necesidad de regular la industria para generar un mercado transparente, competitivo, que proteja al usuario y que genere ingresos para el Estado”, finalizó.