Un duro golpe recibió este viernes la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), luego que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, anunciara que el ente rector del balompié chileno tiene un plazo de 30 días para terminar la totalidad de sus contratos con sitios de apuestas.
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La medida no sólo apunta al organismo del fútbol profesional, sino que también afecta a los clubes que participan de los torneos nacionales, los cuales deberán responder por su vínculo con empresas que “están al margen de la ley”, según afirmó la autoridad.
La advertencia a la ANFP
“Las casas de apuestas o los juegos de azar tienen que regularse por ley y por lo mismo, una actividad similar como es la que realiza el Hipódromo de Chile a través del Teletrak se encuentra con una habilitación legal explícita. Entonces, por lo mismo, hemos impartido estas instrucciones, que se la hemos notificado hoy en la mañana a la ANFP, en la cual le damos un plazo de 30 días para que deje sin efecto los contratos con las casas de apuestas en línea”, explicó el subsecretario, quien dejó de manifiesto la urgencia de la medida para “el cese inmediato de la relación con los sitios de apuestas, que hoy no están normados ni tampoco tributan en el país”.
“Les pedimos que nos informe la naturaleza jurídica de los socios que tiene y si eventualmente tienen contratos con casas de apuestas para poder determinar si también se les aplican estas instrucciones y, en tercer lugar, les señalamos que el no cumplimiento faculta al Ministerio de Justicia conforme a la legislación vigente para que solicitemos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la disolución o el término de la personalidad jurídica” de la orgánica del fútbol profesional chileno, indicó Gajardo.
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“Nosotros hemos determinado que estos contratos que tienen con estos terceros que realizan apuestas en línea con domicilio en el extranjero no se encuentran permitidos en la legislación nacional, por lo cual no cabe otra cosa que dejarlo sin efecto, ya que las corporaciones y fundaciones son organizaciones sin fines de lucro y realizan actividad de interés público”, agregó.
“Como Ministerio de Justicia el título 33 nos mandata explícitamente para fiscalizar el funcionamiento de estas corporaciones sin fines de lucro para que cumplan su objeto social que es realizar una actividad de interés público y en ese sentido no pueden tener contrato con empresas que realizan actividades ilegales en nuestro país”, finalizó.
