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Pese a que ocurrió el viernes, recién hoy se conoció una importante diligencia encomendada por el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo que consistió en la incautación de los computadores tanto de Sebastián Dávalos como los de su esposa, Natalia Compagnon.
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Sin embargo, ¿a qué se refiere este caso?
Todo se remonta a un crédito que pidió la empresa Caval, de propiedad de Dávalos y su mujer, al Banco de Chile. La cadena pedía $6.500 millones y, mientras se gestionaba la entrega del préstamo, Sebastián Dávalos mantuvo una reunión con Andrónico Luksic, el vicepresidente del banco. Tras esto, el monto del crédito fue aprobado y fue entregado a la empresa Caval.
Cuando recibió los dineros, la empresa compró terrenos en Machalí, en la Región de O’Higgins. El espacio fue adquirido en $6.500 millones sin embargo, meses después, el plano regulador de ese sector cambió, lo que elevó el valor del terreno, que posteriormente fue vendido a $9.500 millones.
“Ahí es donde viene el ilícito”, anticipa el abogado que siempre lleva sombrero, Aldo Duque. “El delito que se comete es uno que tiene que ver con las leyes de mercado de valores y el acceso a información privilegiada. Porque Caval compró en $6.500 un terreno que luego vendió en un monto cercano a los $9.500. La pregunta es, ¿por qué el primer dueño lo vendió a $6.500 pudiendo sacarle $3.000 millones más?”, afirma.
“Lo que hay que investigar es, primero, si el empresario que vendió el terreno sabía o no del cambio del plano regulador que se venía, y que aumentó el valor del mismo. Lo segundo, es preguntarse si la empresa que compró conocía o no la información”, afirma Duque.
“Es bueno preguntarse, ¿por qué el primer dueño vende tan barato un terreno que luego experimenta un aumento en su valor? Es por eso que se acusa acceso a información privilegiada y lobby”, explica el abogado.
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Sin embargo, ¿cómo pudo aumentar el valor de un terreno?
Para ello, se requiere de un plano regulador que es un instrumento que “le atribuye al suelo de una ciudad ciertas propiedades, como el uso que tendrá y si este será un espacio rural o urbano”, dice a Publimetro Ricardo Abuauad, director de la Escuela de Arquitectura de la UDP.
Este plan puede cambiar a partir de las peticiones de miembros del consejo de una municipalidad, de un Gobierno Regional o incluso de sugerencias de privados. “Sin embargo, un cambio debe ser visado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el organismo que tiene la última palabra”, indica Abuauad.
“Cuando un plano regulador cambia un terreno, pasándolo de rural a urbano -por ejemplo-, los valores aumentan y eso se presta para tener un cierto grado de especulación”, precisa el especialista.
Lo que la fiscalía estudia en el caso Caval, es si es que los miembros de esa empresa conocían que se avecinaba un cambio en el plano regulador o bien, si es que iniciaron gestiones personales a nivel de lobby para que ello ocurriera.
¿Cómo evitar vicios en el proceso?
Ricardo Abauauad afirma que hay herramientas para evitar vicios cuando se realiza un cambio en el plano regulador, pero que lamentablemente ello no ocurre en nuestro país. “La primera medida es recurrir al congelamiento de las actividades del terreno en cuestión y la segunda, es calcular un impuesto del suelo, a partir de la plusvalía que obtendrá el espacio. Ese impuesto debe ser pagado por el dueño del terreno y opera en decena de países incluso latinoamericanos como Colombia y Brasil, además de una buena parte de Europa”, precisa el académico.
“Otra buena medida es entregar información que esté a libre disposición de la gente. Porque un cambio en el plano regulador no puede hacerse entre gallos y medianoche. Eso tiene que pasar por audiencias públicas, debe cumplir una serie de requisitos y si eso no se cumple, los organismos correspondientes deben investigar tal situación”, indica el especialista.
