- Van Rysselberghe niega fraude al Fisco y acusa “delirio” ante querella del CDE
- CDE se querella contra Van Rysselberghe por fraude al Fisco
Una revisión de a Contraloría del Biobío comprendida entre abril y septiembre de 2009 y dos revisiones relacionadas con los fondos administrados por Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) como presidenta de la Corporación Social Municipal de Concepción de Servicio Educacional, Salud y Atención de Menores (SEMCO), son las causas por las cuales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse contra la senadora por fraude al fisco.
Según la presentación del CDE, la entidad funcionaba como una especie de caja pagadora adonde se desviaban fondos millonarios que debían llegar a la municipalidad, se pagaban sobreprecios por contratos que nunca tuvieron que ver con la corporación, se compraban prendas de ropa que jamás se utilizarían y se contrataba a personas que no prestaban ningún servicio.
Así, la actual senadora evitaba seguir los conductos regulares de las compras públicas para contratar servicios y emitir órdenes de pago ya que, como las compras se hacían desde una entidad privada, no requerían licitaciones ni de la autorización del concejo municipal.
Cuando Van Rysselberghe dejó la alcaldía de Concepción, dejó también un déficit que superaba los $3 mil millones. Esto motivó la investigación para determinar el destino de varios millones que parecían haberse perdido y que derivó en una denuncia formal interpuesta en junio de 2013 por un grupo de concejales de Concepción.
El primero de ellos tiene que ver con su relación con el Banco Santander. A comienzos de 2013, el alcalde Álvaro Ortiz (DC) recibió un vale vista por $150 millones que el Banco Santander emitió a favor de la Municipalidad de Concepción. Según una declaración pública emitida desde el banco, se trataba del aporte que la institución financiera se comprometió a pagar anualmente al municipio cuando en 2003 ambas entidades firmaron un contrato para la apertura y mantención de cuentas corrientes. Ortiz no aceptó el vale vista y lo devolvió ya que no cuadraba el monto.
De esta forma se supo que el Banco mantenía con la alcaldesa un trato mediante el cual se recibía ese dinero a cambio de mantener vigente un acuerdo que debió licitarse más de una vez durante su mandato. Entre el 2005 y 2009 SEMCO recibió del Banco Santander $93 millones, los cuales fueron desviados a eventos y compras que no tienen argumentación.
En otro informe se estudiaron $ 285.151.981. que fueron trasferidos al sector privado por parte de la administración municipal.
Dentro de las irregularidades señaladas por este informe está por ejemplo el hecho de que se le entregue una subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción por 3 millones de pesos entregados en junio de 2009, dinero que fue rendido posteriormente con gastos efectuados antes del decreto alcaldicio que otorgaba los dineros. Situaciones como esta se repiten en más de una ocasión y, pese a que los montos no son tan altos, la sumatoria de estos es bastante grande.
Otras irregularidades cometidas por el municipio, según este informe, hacen referencia a subvenciones entregadas a privados para fines que no son parte del objetivo de estas subvenciones, como la compra de un computador de $800 mil por parte de un Centro Cultural o la entrega de facturas personales cuando el dinero fue otorgado a una institución. Es el caso de la institución Taiga Aiki Dojo.
También se señalan entregas de aportes sociales para construcción y refacción de viviendas que no fueron constatados en terreno por la Contraloría. Este aporte se entregó a privados y asciende a una cifra cercana a los $800 mil por cada uno.
El informe detalla que muchos de los aportes entregados por el municipio a privados no se encuentran con sus papeles en regla o, en algunos casos incluso, sin la firma de recepción del beneficiario.
De la misma forma, el informe explica que mediante un plan de apoyo social, se destino el gasto de $25 millones en apoyo de las familias más vulnerables, los cuales se entregarían en cajas de mercadería por ocho meses. Este apoyo no pudo ser acreditado con nóminas de beneficiados por lo cual se solicitó su devolución íntegra.
Finalmente, al 31 de diciembre de 2008 se encuentran sin rendir más de $150 millones los cuales se solicita devolver o entregar antecedentes a la Contraloría. De la misma forma, hasta septiembre de 2009 la cifra sin rendir es de $113 millones.
