- Columnista y sacerdote. Twitter: @hugotagle
Un 81% de los chilenos cree que las instituciones del país están en crisis. Y el otro 19% no es que piense que ellas están bien. Considera que deben corregir serias deficiencias y errores. En el fondo, todos los chilenos, usted y yo incluidos, consideramos que las instituciones chilenas –FFAA, Carabineros, Justicia, Iglesia, Congreso– están fuertemente golpeadas por errores internos que deben llevar a una reforma profunda, investigación de delitos, castigo de los culpables y creación de protocolos que impidan que se cometan nuevas fechorías. Entonces, ¡bendito este tiempo! Porque las crisis son una clara invitación a corregir y mejorar.
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Ahora no estamos peor que hasta hace unos decenios. ¿O usted es de los que creen que hace 4 ó 5 décadas la gente era más honesta, blancas palomas, respetuosa de la ley? !Nada de eso! La verdad, nunca en la historia patria se había sido tan celoso de la justicia como ahora. Hoy, hay que pensarlo muy bien antes se cometer alguna fechoría. Si no se actúa bien por convicción -que sería lo esperable- seremos buenos por temor. No es lo ideal, pero el efecto es positivo. Hoy, los delitos se descubren, denuncian y castigan. El problema no es tanto que la gente cometa delitos. Lo peor y más nocivo para una sociedad es que es que estos no se castiguen con la severidad que merecen. Ese el verdadero veneno para la democracia. Es el triste espectáculo que los ciudadanos ven con amarga desazón y resignación. Contemplamos cómo, el que el que la hace ¡no la paga! El delincuente, el pillo y sinvergüenza, finalmente, puede torcerle la mano a la ley y salir jabonado. Mala señal.
Siempre se cita lo severa que es la justicia estadounidense ante los delitos económicos. ¿No podemos ser igualmente severos aquí? ¿En qué topamos para endurecer las leyes y aplicar sanciones más severas a quienes burlen la ley?
Debemos alegrarnos de las crisis institucionales ya que nos permiten como sociedad corregir errores que se vienen sucediendo solapada y subrepticiamente, hace décadas. Por fin se puso un foco de luz sobre las zonas oscuras y se han comenzado a perseguir, castigar y corregir delitos que antes se dejaban pasar.
La Iglesia católica ha vivido tiempos horrorosos por culpa de delitos cometidos por consagrados, religiosos y sacerdotes, que se escudaron en su investidura para cometer crímenes. Hoy, esos delitos, cometidos bajo el alero eclesial, no se esconden bajo la alfombra, sino que se denuncian y castigan. Será el juez civil el que determine el grado de criminalidad y si corresponde una indemnización por el daño causado. Pero el primer paso está dado.
Es de esperar que la justicia civil haga lo suyo. Ojalá la justicia ordinaria se muestre tan celosa, eficiente y prolija en la persecución de todos los delitos que empañan la buena acción de las instituciones.
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