Nuevas indagaciones del Ministerio Público buscan determinar si en la Municipalidad de Vitacura se cometieron ilícitos en la Dirección de Sustentabilidad por los pagos de servicios que no habrían existido y contratos pactados por grandes sumas de dinero.
Según informó Chilevisión Noticias, la Fiscalía Centro Norte ordenó el pasado sábado una diligencia reservada a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) para incautar documentos, computadores y celulares de la Municipalidad de Vitacura, que buscan determinar la veracidad en una serie de ilícitos cometidos por empleados municipales y que se unirían a las «múltiples investigaciones por presunta malversación de fondos públicos, que ahora apuntan a pagos por servicios inexistentes y contratos abultados en una de las direcciones del municipio».
«Los hechos que actualmente están siendo investigados en la Municipalidad de Vitacura revisten la mayor gravedad. No es descartable que puedan existir nuevos antecedentes que den lugar a otros ilícitos o a la participación de otras personas en los hechos que actualmente se están investigando», apuntó Rebeca Zamora, abogada penalista y académica de la Universidad Central (UCEN).
El nuevo caso en contra de la Municipalidad de Vitacura
En ese caso, apuntó CHV, se trataría de «delitos cometidos por una repartición al interior del municipio y no de una corporación privada externa ligada al mismo, como lo era Vitadeportes y que nuevamente ponen en jaque la posición del exalcalde Raúl Torrealba», quien renunció a su militancia en el partido oficialista de Renovación Nacional para responder ante la justicia por la denuncia de recibir sobres de $5 millones en efectivo de parte de los programas Vita mientras ejercía como alcalde de la comuna.
Ahora es la Dirección de Sustentabilidad la que se encuentra en el foco de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por un ilícito en el que se «habrían ejecutado pagos por servicios inexistentes e injustificados, que sí se habrían pagado» y que una vez cancelados «eran devueltos a funcionarios municipales en dinero en efectivo», y otro en el que investigan cobros abultados por servicios, donde la diferencia estaba en que una parte iba al proveedor y el exceso del pago, de vuelta a funcionarios municipales.
«Contraviene gravemente el principio de probidad, que todos los funcionarios estamos obligados a cumplir, porque regula nuestro accionar en el servicio público. Por otra parte, el alcalde es la máxima autoridad y, por lo tanto, todas las decisiones se toman por medio del alcalde y/o sus funcionarios de confianza», enfatizó Claudia Espina, docente de la carrera de Ingeniería de Administración en el IP Santo Tomás de Chillán.
Si bien es cierto que la actual alcaldesa de la comuna, Camila Merino (Evópoli), y funcionarios de su actual administración no quisieron referirse a estas pericias en el noticiario de CHV, si se mostraron sorprendidos por esta nueva denuncia que pone en la mira la probidad y gestión municipal en Vitacura.
