La ingeniera comercial Paula Labra anunció que dejaba la Seremi de Salud Metropolitana el pasado 19 de agosto. Pero dos días antes un informe de la Contraloría mostró que durante su gestión se habían detectado gastos por $538 millones que carecían de respaldo. Esto ocurrió al revisar la gestión durante pandemia, entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2020.
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Según informó Interferencia, el 17 de agosto la Contraloría emitió un informe que mostró presuntas irregularidades durante la gestión a cargo de la Secretaría Regional Ministerial. La auditoría no pudo acreditar que haya documentación sobre transacciones destinadas a cubrir las necesidades del covid-19. Dos días después de este informe, Paula Labra dejó su cargo.
Paula Labra ahora es candidata a diputada en la Región del Maule. La Seremi de Salud Metropolitana tiene 30 días hábiles para entregar la documentación correspondiente a los $538 millones sin respaldo.
La Contraloría informó que no acreditó “la existencia de documentación de respaldo que sustente los desembolsos realizados por $538.658.592. Se trata de la prestación de los servicios de hospedaje y transporte”. El informe se hizo para determinar los bienes y servicios entregados por la Seremi. El énfasis estuvo en las acciones “para cubrir necesidades originadas por la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre de 2020”.
Paula Labra y dos más
La auditoría abarcó a las últimas tres seremis: Rosa Oyarce, Daniela Zavando y Paula Labra. Todas las compras realizadas durante la administración de Labra no tenían respaldo. Según la auditoría, catorce órdenes de compra están sin contrato ni publicadas en Mercado Público. Son por $643.387.235. Entre los servicios pagados sin publicación contratos está el arriendo de residencias sanitarias, hospedajes a pasajeros en tránsito, transporte de pasajeros y alimentación de funcionarios.
El informe también reveló 61 órdenes de compra de trato directo sin que la existencia de los productos y servicios en el catálogo de convenios marco en la plataforma Mercado Público. Son $2.600 millones objetados por esta razón.
