El informe que arrojaba que un compañero de Valeria Vivanco, la subinspectora de la PDI asesinada el pasado 13 de junio, había sido el autor del disparo que terminó con su vida, estuvo 40 días oculto.
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Durante todo ese tiempo, dos hombres se entregaron por «haber atropellado» a la joven de 25 años, y dejados en prisión preventiva e internación provisoria.
De acuerdo a lo que informa La Tercera, según cálculos internos entre que se obtuvieron los resultados de los peritajes del impacto balístico y se socializó la información con el Ministerio Público pasaron cerca de 40 días. La situación ha hecho que la presunta obstrucción a la indagatoria pudiera incluso escalar a los altos mandos de la PDI, lo que es monitoreado atentamente por La Moneda.
Uno de los acompañantes de la subinspectora, de grado detective, pese a declarar ante el Ministerio Público que no había ocupado esa tarde su arma de servicio, dio positivo a la prueba de nitratos.
Además, la munición alojada en el cuerpo de la víctima era compatible con las pistolas marcas Jericho que portaba el personal de la policía civil esa fatídica jornada.
Es por esto que la Fiscalía Sur abrió una investigación ante eventual obstrucción a la investigación, y tres colegas de la asesinada detective, se encuentran suspendidos.
Ahora se interrogará a los involucrados, con el fin de establecer si hubo una orden desde la más alta jerarquía, es decir el jefe nacional de Homicidios, prefecto Juan Carlos Carrasco, o alguna otra jefatura para dilatar esta entrega o si hubo mera negligencia.
