Aunque tuviesen que sesionar hasta la una de la mañana, como planteó la constituyente Giovanna Grandón, la Lista del Pueblo exigía que se analizara el indulto para los “presos de la revuelta” en la sesión de ayer.
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Esto, porque llevan semanas esperando hacer un planteamiento en línea con pedir que el Congreso apure el debate sobre el proyecto indulto general que merecen “los presos por luchar”, como los reconocen.
Por lo mismo, constituyentes de la lista que pudieron reunirse con Fabiola Campillay durante el día, aprovecharon de hacer un llamado conjunto para que se aborde a la brevedad la materia.
Cuentan, además, con el apoyo de otros independientes, como Janis Meneses, que hizo presente que “la Convención Constitucional es un reflejo de una subjetividad y una ciudadanía que desborda la institucionalidad. No se puede apelar a lo institucional para silenciar sus demandas ni pretender que el trabajo que realicemos sea ajeno al contexto político, cuando proviene de él”.
“Que el Gobierno descarte esta ley resulta vergonzoso y poco honesto, más cuando la clase política ha pactado mecanismos similares”, Janis Meneses.
Sobre las razones para no incorporar el punto al debate de la jornada de ayer, la presidenta Elisa Loncon sostuvo que “necesitábamos tener claras las reglas del juego, dentro de eso el uso de la palabra. Durante la mañana se ha ido normalizando eso, con todo lo que tiene que ver el enrolamiento, y ya mañana (hoy) estaríamos en condiciones de abordar el punto, porque implica escucharnos, hacer un análisis y también tomar decisiones”.
El indulto a los presos de la revuelta, en definitiva, se tocará hoy desde las 10:00.
Gobierno se opone al indulto: “Avala la violencia”
La Comisión de Constitución del Senado retomó el debate legislativo en torno a indultar a los presos del “estallido social” de octubre de 2019.
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Y en la instancia, el Gobierno insistió en su rechazo, indicando que sólo genera impunidad y avala la violencia.
“Este es un mal proyecto, porque genera impunidad (…) que avala la violencia”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
En el mismo sentido, insistió en que el proyecto “busca evitar que los tribunales de justicia cumplan el ejercicio de la jurisdicción” y que “atenta contra el principio de separación de poderes”.
En el mismo tono, el titular de Justicia, Hernán Larraín, evidenció que aunque el sistema requiere mejoras, en ningún caso se justificaría una amnistía general.
Asimismo, hizo presente que a la Convención no le corresponde enviar mensajes sobre esta materia. “Lo que queremos es que la Convención cumpla su mandato, un mandato único, histórico, que es proponer, para un plebiscito posterior, una nueva Constitución”, dijo.
“No le está encomendada a ella, ni legislar ni gobernar ni juzgar, como tampoco le está encomendado al gobierno, al Parlamento o a los tribunales interferir en las acciones soberanas que tiene la Convención para elaborar la nueva Constitución. Cuando nos cruzamos desordenamos la estructura del Estado de derecho democrático y le causamos un grave daño a las instituciones”, enfatizó.
Pese a la negativa de La Moneda, en medio de la sesión el senador Francisco Huenchumilla (DC) hizo presente que el debate no se estaría abordando con la premura que requiere. “Tenemos que dar una respuesta política, más allá de lo jurídico, y si lo estudiamos como si no pasara nada, quizás no percibimos que tenemos una obligación”, apuntó.
