La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició la audiencia de la demanda contra el Estado de Chile por la decisión que en 2007 tomó la Diócesis de San Bernardo, que en su momento le revocó el certificado de idoneidad para seguir dando clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré a la profesora lesbiana Sandra Pavez.
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«Por mi orientación sexual, no tengo derecho a enseñar, ni a entregar los valores que tengo como ser humano, ni a mostrar ese Dios que es un Dios de amor y de misericordia, no es un Dios que condena ni enjuicia. Yo pido la reparación para mí, que se haga justicia», señaló la afectada, a quien además la Diócesis le recomendó que se realizara una terapia para cambiar su orientación sexual.
«Con el obispo me dijeron que yo tenía el demonio dentro y que necesitaba un tratamiento psicológico y psiquiátrico para poder curarme de la enfermedad. Considero que la orientación sexual no era una enfermedad y ahí me dijo que yo iba a perder mi trabajo como profesora de religión, y también el obispo me dijo que si iba ante la Corte Suprema, él tenía ahí amigos», se defendió la académica, a quien se le aplicó el Decreto 924 del Ministerio de Educación de 1983, aún vigente en la legislación chilena, y que establece en su artículo 9 que «el profesor de religión, para ejercer como tal, deberá estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque (…)».
«Espero que se haga justicia, que el daño que se me hizo emocionalmente se repare de parte de la autoridad y decir que se equivocaron, que no por ser una persona que tengo otra orientación sexual, no tengo derecho a enseñar», finalizó.
