Un evidente cambio de tono mostró ayer el Presidente Sebastián Piñera. En un punto de prensa que inicialmente no había sido confirmado oficialmente por su equipo de prensa, y sin que se comunicara a los parlamentarios de su sector las nuevas medidas sociales, el Mandatario reconoció que dada la extensión de la pandemia “ninguna ayuda es suficiente para compensar las privaciones y las angustias que afectan a las familia chilenas”. Junto con ello, anunció un fortalecimiento del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de abril, mayo y junio para apoyar a 13,3 millones de personas.
El beneficio es de $100 mil por cada persona del grupo familiar y será sin requisitos para el 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.
“Comprendemos las carencias y dolores. Nos duelen sus problemas. Por esta razón, recogiendo el mensaje de la gente, las propuestas de Chile Vamos y nuestro firme compromiso de no dejar solas y desprotegidas a las familias, anunciamos esta mayor universalidad del IFE”, sostuvo.
Aunque el anuncio tomó por sorpresa a algunos, desde el Ejecutivo aseguraron que llevan varias jornadas analizando las mejoras, porque estaban “conscientes” de que había mucha gente fuera. Y en ese sentido, voces tanto del oficialismo como de la oposición celebraron el giro, pero insistieron en que se debe ir más allá.
Representantes de Chile Vamos volvieron a destacar la propuesta que le hicieron al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a fin de que el Ejecutivo patrocine la indicación que fija un impuesto a los “súper ricos”. A diferencia de la propuesta del PC, que según ellos no recauda, proponen una fórmula que busca entre US$5.000 millones y US$20.000 millones, aplicando impuestos al FUT. “Tomamos un gran título, el proyecto de Camila Vallejo, pero cambiamos el texto por uno que recauda más de 10 veces más dinero y el objetivo final es ese, que el Estado pueda recaudar y al mismo tiempo no desincentivar la inversión futura”, manifestó Jorge Alessandri (UDI).
En la misma línea, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) recordó que se trata de un mecanismo utilizado por la expresidenta Bachelet, que en ese momento “recaudó 1.500 millones de dólares”.
A esas presiones referentes a que quienes más tienen paguen más, también se sumaron otras de la oposición. Un grupo de alcaldes llegó hasta La Moneda con “Ley del Completo”. Consiste en un IFE universal y un bono permanente, que evite “estar ingresando datos todos los meses” para solicitar los beneficios.
Para ellos, se debe extender el IFE hasta que dure el estado de excepción para al menos el 80% más vulnerable, congelar la liquidación de hipotecas, postergar el pago de capital e intereses de cuotas de crédito hipotecarios, postergar pagos de créditos de consumo hasta cierto monto, entregar $100 mil extra a familias del 80% más vulnerable y fijar un plan de ayuda a trabajadores.
“El Presidente ha entregado una serie de beneficios insuficientes, que se demoran en llegar, que tienen letra chica y demasiadas exigencias. Por lo tanto, pedimos algo mucho más rápido” explicó el alcalde de La Granja, Felipe Delpin.
