El diputado Diego Schalper (RN) golpeó la mesa y arremetió en contra del proyecto de reforma que busca habilitar a los cotizantes de las AFP a efectuar un tercer retiro del 10% de sus cuentas obligatorias, calificando al proyecto de un «Frankenstein jurídico» y sostuvo que se hace imposible para el Gobierno no llevarlo ante el Tribunal Constitucional.
El parlamentario fue enfático a la hora de revelar, en conversación con Mega, que con el nuevo retiro el país está en presencia de la «peor política social de la historia», ya que en definitiva, «esta idea de que para sortear la crisis hay que recurrir a los ahorros de los trabajadores, además de ser una pésima idea, deja a ocho millones de personas afuera que es en lo que hemos tratado de insistir incansablemente».
«La propuesta que ayer termina siendo aprobada en el Congreso yo la he calificado como un Frankenstein jurídico, porque en la mañana partimos rechazando un artículo permanente que después lo tratan de meter a través de una modificación al artículo transitorio», agregó Schalper, quien dijo que tal construcción jurídica, «no es que el Gobierno quiera o no quiera llevarlo al Tribunal Constitucional, es tal la improvisación y la irresponsabilidad que se hace prácticamente imposible no llevarlo al TC».
Las críticas de Schalper
Asimismo, Schalper criticó duramente tanto a los diputados impulsores del proyecto como también a parte del oficialismo que apoyó el impulso de la iniciativa, manifestando que «han construido todo un discurso sobre la base de un proyecto mal hecho, para de alguna manera tratar de forzar al Gobierno a tener que recurrir al TC».
Además, sostuvo que con el proyecto, el Gobierno tiene una nueva oportunidad para salir con una propuesta «contundente» en materia de ayuda social, ya que «no podemos seguir en esta dinámica de un Gobierno perplejo por un lado y por otro una oposición irresponsable».
En la visión del legislador, existen medidas posibles de adoptar, extendiendo a los ocho millones de chilenos que no serán beneficiados por el retiro, la capacidad de acceder a ayuda estatal, mediante el Bono Clase Media, el Bono Covid y el IFE, así como también considerar un proyecto como el propuesto por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien optaba por recurrir a los fondos del seguro de cesantía.
«Llegó la hora de que el Gobierno no se demore más y que haga una propuesta audaz, que podrá ser acoger la propuesta de Joaquín Lavín en materia del Seguro de Cesantía, podrá ser lo que han planteado otros sobre una renta básica justa para aquellos sectores que verdaderamente lo necesitan», dijo.
