“Si las condiciones no cambian, la concesionaria del aeropuerto quebrará”, señaló esta mañana el subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, Branko Karlezi, sobre la situación que enfrenta ahora el principal terminal aéreo del país luego del cierre de fronteras que fue instaurado por el gobierno durante al menos un mes debido al elevado número de casos de coronavirus.
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“Actualmente el aeropuerto es el desierto de Atacama. La mayoría de las aerolíneas han cancelado sus vuelos porque no hay suficientes pasajeros. La carga que llevan no puede costear el valor de un vuelo. Lo que vamos a ver va ser mucho más grave que el año pasado. Aquellas personas que incluso quieran salir no van a encontrar vuelo y los precios van a subir”, dijo Karlezi en una entrevista con el programa “Mañana Será Otro Día” de Radio Concierto.
“Tenemos una inversión pero no tenemos ingreso. Esto nos va a llevar a la quiebra absoluta”, dijo el ejecutivo. Relató que ahora la situación será más difícil que la del año pasado, porque en marzo de 2020, cuando se impusieron las primeras medidas por el covid, el aeropuerto siguió funcionando. Pese a ello, de los 650 vuelos a la semana que tenía antes de la pandemia, bajó a 130 viajes a la semana. Cayó 80%.
Funcionamiento normal: 2024
Al ser consultado sobre cuándo podría volver la normalidad en el aeropuerto de Santiago, dijo que “las proyecciones dicen que para volver al nivel que teníamos en un año como 2019, tendremos que esperar a 2024. Van a ser cinco años”.
“Cuando una pandemia no está en un contrato, la DGOP tiene la obligación de modificar el contrato para reequilibrarlo. Le estamos diciendo al Estado que compartamos los costos. Estamos dispuestos a operar a costo cero mientras dure la pandemia, porque están cerradas las fronteras. Pero cuando se pase la pandemia, extendamos ese tiempo”, dijo Karlezi.
“El Estado de Chile está empujado al concesionario, a los dos grupos de inversionistas, a que quiebren. El Estado no pierde, porque se queda con un nuevo terminal aéreo, de mil millones de dólares, sin haberlo pagado, y el concesionario perdiendo 500 millones de dólares”, describió.
“La respuesta que hemos tenido del Estado de Chile no ha sido la misma de nosotros. Tenemos 65 aeropuertos en el mundo. En todos lados hemos llegado a acuerdos. Cuando el Estado dice que esto lo pagarán todos los chilenos –la extensión del contrato- no es así”, insistió Karlezi. “Aquí hay un cierre que no permite operar, entonces no es que el concesionario haya dado un mal servicio”, dijo.
