La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del ministro del Interior Víctor Pérez.
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De esta forma, Pérez queda suspendido de sus cargo, hasta que el Senado vote la acusación.
ARGUMENTA EL MINISTRO VÍCTOR PÉREZ
“En esta etapa, contribuí a la conformación de leyes, planteé acusaciones constitucionales, tuvimos momentos complejos como el caso MOP Gate; pero creo en la política como una manera de poder avanzar, desarrollarnos y poder superar los problemas que nos presenta la ciudadanía”, sostuvo el ministro del Interior.
Agregó que asumió la titularidad de la cartera en conciencia de que se vivían momentos extraordinariamente complejos, pero con la convicción de podría aportar al país. De esta manera, relató que, tras su investidura, viajó a La Araucanía donde se habían tomado municipios para buscar fórmulas de solución.
Destacó que la situación de los disturbios de Curacautín se resolvió gracias a que, por medio del diálogo, Carabineros logró sacar a quienes habían irrumpido en los ayuntamientos- 40 personas- sin que fueran lesionados por la comunidad, que mantenía una actitud violenta.
En ese marco de violencia, recordó que se quemó al camionero Juan Barrios y, posteriormente, se disparó a otro camión donde resultó baleada una niña de nueve años, hechos que gatillaron el paro de camioneros.
El ministro Pérez indicó que se iniciaron, de inmediato, conversaciones y negociaciones para desactivar la situación y que, al igual que lo hicieran en el 2008 y en el 2015, los exsecretarios de la misma cartera, Jorge Burgos y René Cortázar, decidió abstenerse de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pues el objetivo era superar el conflicto, que terminó al sexto día.
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LA DEFENSA DE PÉREZ
El abogado defensor del ministro del Interior, Gabriel Zaliasnik, refutó la desprolijidad en la acusación, así como la oportunidad y la falta de fundamentos, asegurando que, una vez más, se juzga a personas por su calidad de tal y no por las conductas o infracciones jurídico constitucionales que hayan ocurrido.
La defensa aseguró que el libelo presenta una evidente “trampa tautológica”, pues, por una parte, se le reprocha al ministro el no utilizar la potestad de la ley de Seguridad Interior del Estado y, por otra, se le critica el haberla usado. “Lo absurdo -y aquí está la falla geológica de la acusación- es que la conclusión de los tres capítulos es que no se dialogue”, agregó.
Para la defensa del ministro, la acusación “desprecia la política, en circunstancias que corresponde a esta Sala realzarla”. El abogado afirmó que, “al calor de la contienda política”, se habría construido un cuarto capítulo de la acusación en torno a la primera defensa presentada por el ministro en la comisión que analizó la pertinencia del libelo.
