El 3 de diciembre de 2019 comenzó un verdadero calvario para Diego Ulloa. Como contó su padre, Jorge, ese día fue detenido, supuestamente, por porte de dos bombas molotov. Sin embargo, para ellos eso es falso. Postulan que fue personal de carabineros el que implantó pruebas para inculparlo. Y aunque han presentado material que darían cuenta de su inocencia, el joven pasó tres meses en prisión preventiva y hoy está con firma. «Él, al igual que todos los joven que se manifestaron, está pagando los costos de que se haya realizado el plebiscito. Fue gracias a ellos», manifestó Jorge.
Diego es uno de los encausados en el marco del estallido que podría beneficiarse si se avanza en la normativa propuesta por el senador Alejandro Navarro (PRO), quien presentará un proyecto de ley de Amnistía general para presos políticos de la revuelta. La idea, como comentó, es que esto encause un segundo proceso, que se haga cargo de la violencia que vivieron muchos manifestantes.
Y esta idea es compartida por organizaciones de la sociedad civil, como Benito Baranda, quien entrevista con El Mercurio, al igual que Navarro, reconoce que hubo violencia en las manifestaciones, pero que de todas maneras se debe avanzar en reparación. Misma postura expresó hace algunas semanas el jesuita Felipe Berríos.
Rechazo a la Amnistía
Pese a los argumentos, el Gobierno expresó de inmediato su rechazo a esta idea. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que «establecer indultos, que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, creo que son señales equivocadas y parecen validar la violencia».
En esa línea, Jorge Pomar, máster en Ciencias Políticas, indicó que sería «tremendamente injusto una amnistía durante el llamado estallido social. Hay gente a la que se lo quemaron todo, hay gente que le destruyeron todo. Es completamente distinto a situaciones políticas anteriores que han ocurrido en Chile».
