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El exfiscal Carlos Gajardo es tajante al decir que los hostigamientos que enfrentan los persecutores en el ejercicio de su labor son “intolerables en nuestro espacio democrático. A su juicio, esto ha sido “alentado” por personas “muy fanáticas” en redes sociales, por lo que plantea que “ciertos liderazgos políticos” también tienen que hacerse responsables del papel que han jugado en eso.
Y aunque el caso contra la fiscal Ximena Chong no sería un hecho aislado, para Gajardo no se habían visto situaciones de tal gravedad. Lo atribuye, también, “a cierto clima enrarecido que estamos teniendo como sociedad”. Antes, sostiene, el hostigamiento estaba más bien vinculado al narcotráfico.
¿Qué elementos cree que inciden en ese clima enrarecido?
—A partir del estallido social, han habido, simultáneamente, hechos de violencia en las calles y graves violaciones de los DD.HH. Eso le pone una tensión extra al Ministerio Público, que es el encargado de perseguir ambos hechos, y que va a ser responsable ante la falta de resultados en unos u otros. A mi juicio de manera incorrecta, esto se puede asociar a que la fiscalía favorece algún tipo de investigación, cuando, en la práctica, depende de muchísimos otros factores.
Hay múltiples factores, pero ¿qué responsabilidad tiene Fiscalía?
— Me parece evidente que el Ministerio Público tiene una credibilidad baja ante la ciudadanía. Eso obedece a una serie de motivos. En general, a resultados insatisfactorios en términos de delincuencia común, pero también a un tratamiento de no respeto al principio de igualdad ante la ley cuando se enfrenta a personas poderosas. Es un hecho de público conocimiento que ante investigaciones que afectaban a poderosos vinculados al mundo político y empresarial, a partir del financiamiento ilegal de la política, lo que hubo fue un gran perdonazo. Hay un desafío mayúsculo del Ministerio Público de revertir esa sensación en base a resultados concretos y a que pueda demostrar que avanza en investigaciones sin importar quién sea el imputado o la víctima.
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¿Su llamado es a quien lidera la Fiscalía Nacional o también al Gobierno?
—Son varios esfuerzos que deben revisarse separadamente. En muchos planos la legislación sigue siendo totalmente insuficiente; por eso el propio Gobierno, a fines del año pasado, anunció una agenda antiabusos, que para mí resulta totalmente insuficiente y que además no tiene ningún avance. Y sin duda que tenemos defectos en cuanto al liderazgo que actualmente tiene el fiscal nacional, que llegó a dicho cargo de una manera poco transparente. Ese defecto de origen le va a perseguir hasta que termine su mandato en dos años más.
¿Al fiscal Jorge Abbott le ha faltado autocrítica?
—Totalmente. El fiscal nacional nunca ha terminado de dimensionar el daño que le hizo a la institución la manera en que llegó a ser elegido, ni las decisiones que tomó en las causas vinculadas al financiamiento irregular de la política. Eso le terminó generando una falta de legitimidad muy grande al interior de la institución y también al exterior. Salvo sucesos muy aislados, donde los ataques que ha recibido el Ministerio Público han generado cierta cohesión, uno ve una institución totalmente carente de liderazgo.
¿Cuánto ha incidido en la credibilidad de los persecutores las críticas de los políticos?
—Más que las opiniones de los políticos, lo que ha deteriorado la opinión de la fiscalía es justamente el hecho de que no haya podido mostrar avances significativos en investigaciones. El derecho a pataleo de las personas vinculadas al mundo político no tendría ninguna relevancia si la fiscalía hubiera demostrado avances concretos.
¿La condena que ha hecho Abbott ante el hostigamiento se condice con sus acciones?
—Más que requerir declaraciones públicas, se esperan actos concretos, porque lo que está en juego es la autonomía y la independencia del Ministerio Público para realizar investigaciones, y esa autonomía se defiende con hechos concretos. Cuando hay interferencias de terceros, reuniones para intentar acordar formas de término de los procedimientos, esas son las verdades afectaciones.
¿Hay algo que puedan hacer los fiscales, sin tener que esperar un cambio de mando?
—No es posible salir de esto con esfuerzos individuales. Aquí lo que se requiere son esfuerzos colectivos, a partir de un liderazgo convocante, y hoy la fiscalía no lo tiene.
¿Se sintió amenazado cuando era fiscal?
—Fui fiscal durante 17 años y nunca, a pesar de que llevé causas relevantes, nunca sufrí ningún tipo de situación de amenazas o acoso. Creo que de alguna manera las cosas han cambiado y han generado esta idea de que se puede funar a cualquiera cuando realiza actos que no están de acuerdo a mi mirada. Se ha perdido mucho más el respeto a las instituciones.
Gajardo por los correos del Minsal y la «baja calidad jurídica» de la defensa del Presidente
¿Cómo ve la defensa del Presidente Piñera contra la Fiscalía por el caso de los correos del Minsal?
—Se ha hecho costumbre que litigantes defiendan sus intereses aduciendo siempre que hay una “persecución política”. Es una defensa de baja calidad jurídica, pero con efectos ante la opinión pública. Me gustaría ver un rol mucho más activo del Colegio de Abogados. Me llama la atención su silencio ante formas de litigar cuestionables y reprochables éticamente.
Pareciera que se acepta porque es el Presidente…
—Cuando se investiga a cualquier persona, se tiene que poder investigar como en cualquier otra causa. Una señal importante es que la Corte Suprema rechace la oposición a entregar antecedentes por parte del Minsal.
¿Y cree que eso ocurra?
—Sí, porque la normativa es extremadamente clara. Que afecte la seguridad nacional sería una afirmación demasiado audaz para ser sostenida por un tribunal.
