Desde que se informó que 437 mil personas accedieron al Bono Clase Media declarando información incorrecta, en la oposición han manifestado que no es justo que los trabajadores paguen los costos de una política pública mal implementada. Considerando que la identificación de estas personas conllevaría un proceso penal, además de la obligación de devolver el dinero, la diputada Gael Yeomans pidió un «perdonazo».
La parlamentaria envió una carta a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, pero dos de sus pares fueron más allá. Este miércoles los diputados Jaime Mulet y Esteban Velásquez ingresarán un proyecto de ley que concede amnistía a los infractores de la declaración jurada del aporte a la clase media contenido en la Ley N° 21.252.
Como explicó el diputado Mulet, con esta moción buscan que no se persiga penalmente a los eventuales infractores, porque por una parte es caro para el Estado, y también porque en varios casos no hubo dolo, si no meras equivocaciones.
«Es una situación que obedece a razones equívocas, no hubo dolo en la inmensa mayoría, no es justo que se les sancione penalmente. Además, no es conveniente dirigir todo el esfuerzo del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado, cuando hay otras causas y exigencias de orden penal, que son mucho más importantes para el país, como atacar la delincuencia», sostuvo Mulet.
El proyecto de artículo establece: «Concédase amnistía a favor de las personas que al 01 de octubre de 2020 hayan cometido infracción al presentar la declaración jurada a la que hace referencia el artículo 6° de la Ley N° 21.252 que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica».
Como principio rector el proyecto fija que, en la mayoría de los casos, «se trató de un error común cometido por una gran cantidad de personas debido a la desprolija elaboración de la política pública y su indebida difusión». Esto, sin perjuicio de que el Estado, a través de la Tesorería General de la República o el SII, debe solicitar la restitución de lo percibido indebidamente.
«Hay fórmulas donde el Estado puede recuperar los recursos y determinar el error. La amnistía no implica que las personas no deban pagar administrativamente los recursos«, concluyó Mulet.
Fundamentos de la amnistía
Como parte de los argumentos expuestos por los parlamentarios para ingresar el citado proyecto, se hace presente que: la Fiscalía Nacional remitió un oficio al Servicio de Impuestos Internos solicitándole el envío de la información de estas casi 500.000 personas, con el objeto de analizar si correspondía abrir una investigación penal por distintos delitos, tales como fraude de subvenciones, perjurio, entre otros. Y también el Consejo de Defensa del Estado estaría estudiando la situación, particularmente referida a los funcionarios públicos que incurrieron en esta infracción.
Con esto, indican, «la potestad penal del Estado se estaría activando en contra de cerca de 500.000 personas, lo que es una situación inédita en nuestro país, considerando la forma en que se difundió la información referida al beneficio otorgado, como también a las características del mismo».
Para ambos diputados, como se expresa en el texto, la declaración errónea podría ser fruto «de una legítima confusión en torno a la disminución de ingresos declarada, particularmente en quienes tienen remuneraciones variables». Y enfatizan: «no en todos los supuestos se estaría en presencia de una conducta dolosa».
En el análisis, además, subrayan que el mecanismo de declaración que ponía a disposición el SII «era confuso, lo cual fue de público conocimiento durante el período de postulación, lo que pudo haber llevado a justificados equívocos».
«La forma en que el gobierno elaboró, propuso, y puso en ejecución las políticas públicas referidas a los aportes a los más afectados económicamente por la pandemia sin duda es cuestionable. En ese mismo sentido, se puede tener en consideración la situación del Ingreso Familiar de Emergencia, el cual tuvo que ser modificado legislativamente en varias oportunidades, pese a que en el trámite se le anunció a los correspondientes Ministros la dificultad práctica que traía aparejado el beneficio», recalcaron.
