La justicia colombiana buscaba avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Javier Ordóñez, un estudiante de derecho y comerciante de 43 años que fue reducido por la policía con un arma eléctrica el 9 de septiembre, en un episodio que desató violentas protestas en la capital del país.
El hecho fue divulgado mediante un vídeo que se hizo viral y generó las protestas contra la policía que dejaron un saldo de 13 personas fallecidas.
Un juez legalizó la captura de los patrulleros de la Policía investigados por la muerte del estudiante y la Fiscalía les imputaría los delitos de tortura y homicidio agravado, al tiempo en que solicitaría que sean enviados a prisión. Se trata de Juan Camilo Lloreda, quien se entregó a las autoridades, y Harby Damián Rodríguez, quien fue capturado.
En las últimas horas se conoció la necropsia al cuerpo del estudiante. Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia se trató de un «trauma cerrado de abdomen, de alta energía» y el estallido de su riñón derecho «con sección completa de arteria y vena renal correspondientes». Además, señala que hubo lesiones «producidas por elemento punzante por arma de conducción eléctrica».
Según las primeras versiones de la Policía, el estudiante de derecho habría protagonizado un pleito y por esa razón estaban intentando reducirlo, pero la familia de la víctima asegura que él había salido a comprar licor en compañía de sus amigos cuando fue atacado.
Todavía no se ha esclarecido qué ocurrió después cuando Ordóñez fue conducido al Comando de Acción Inmediata (CAI), una instancia policial. El amigo de Ordóñez, quien asegura presenció los hechos, ha dicho que los patrulleros lo golpearon, aunque el abogado defensor de los policías prometió revelar el vídeo que dicen sería «revelador» en el caso. Al llegar al centro médico, Ordóñez ya no tenía signos vitales.
Su muerte ha reactivado en el país un debate sobre una reforma policial que actualmente pertenece al Ministerio de Defensa, y que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el uso excesivo de la fuerza contra civiles.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, admitió que los policías mataron a Ordóñez, aunque no aceptó la responsabilidad de los uniformados en los otros casos.
«Unos policías mataron a un ciudadano colombiano, deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución», dijo el jefe de esa cartera ante el Congreso.
Tras las recientes protestas del 9 y 10 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció 119 casos de presunto abuso policial. Agregó que había dado una orden expresa de no utilizar armas de fuego en las manifestaciones.
«Es evidente y hay pruebas suficientes de que no fue cumplido por algunos de los miembros de la Policía», señaló la alcaldesa.
Las denuncias han generado divisiones entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente Iván Duque, quien ha pedido no estigmatizar a la Policía y está en contra de una reforma a la institución.
