Este jueves el Comité Interministerial de Derechos Humanos entregará un reporte respecto de los avances desde el estallido del 18 de octubre. Pero hace tres días, Sergio Micco, director del INDH, pudo conversar sobre este junto al Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia. Y si bien reconoce que se han tomado medidas en la materia, su balance del rol del Estado no es positivo.
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– A poco más de 10 meses del 18O ¿Cuál es su evaluación?
Nosotros estamos preocupados. Evidentemente que se nos vino encima la pandemia, estamos con un crisis económica que se ve compleja, y se nos viene el proceso electoral. La unidad de DD.HH. de la PDI y la Fiscalía han hecho una muy buena labor en los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, pero hay más de 9 mil denuncias de violencia institucional. Y hay que agregar la violencia de particulares. Pero nuestro sistema judicial, como muestran las encuestas, no es bueno.
Aparte, nos preocupa la tensión que hay en la sociedad, y particularmente en la coalición de Gobierno. Hay personas que presiona porque creen que el tema de los derechos humanos está impidiendo que el orden público impere.
– ¿Pero la postura que ha tomado el Gobierno le parece adecuada?
La evaluación no es buena. Lo hecho por el Estado de Chile no es suficiente. Consideramos que tenemos problemas serios y que podríamos haber ido más rápido, más allá de las circunstancias. Hemos puesto hincapié en lo que dice relación con los sumarios de Carabineros. Hay muchísima evidencia, en el caso de Fabiola Campillai el video rondaba hace meses. Simplemente con voluntad política se podría avanzar mucho más. Y voluntad política porque Carabineros no es una institución autónoma, depende jerárquicamente del Ministerio del Interior. Ahí es donde hay un problema, y es serio. Deberíamos ir más rápido con la reforma de Carabineros. El consejo de reforma estableció medidas que son muy importantes, pero claramente no ha estado entre las prioridades legislativas.
Acá hay una cuestión que dice razón con el núcleo central de una democracia. Si en los dos próximos años no damos pasos definitivos en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la evaluación de nuestra democracia va a ser especialmente negativa. Vamos a quedar muy en deuda.
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– ¿Se puede confiar en cambios cuando el Gobierno insiste en que se ha actuado con apego a los DD.HH.?
Ha faltado voluntad política. Y un área clave es el Ministerio del Interior. No hay dos opiniones respecto a que estamos ante graves violaciones. No estamos haciendo lo suficiente. Podríamos y debemos hacer más como Estado chileno.
– Pero Interior insiste en que hay que esperar el resultado de las investigaciones.
Perfectamente se pueden asumir responsabilidades políticas, civiles o estatales. Hay personas que nunca van a saber quién disparó, pero fueron perdigones o lacrimógenas lanzados por la fuerza pública. Tenemos más de 246 querellas por mal uso de escopetas de lanza gases. Se podría hacer mucho más estableciendo políticas públicas que no se atasquen por los procesos penales. Se podría fortalecer el trabajo que hacemos simplemente contestando los oficios, dando toda la información al INDH, y quien principalmente debe proveerla es el Ejecutivo. Una de las principales forma de hacer justicia es la verdad.
– ¿Ve ánimo de ocultar información?
No es buena política atribuir intenciones, pero si tu quieres saber más rápido la verdad, fortaleces los organismos que están encargados de investigar. En este caso la brigada de DD.HH. de la PDI debería tener presencia de Arica a Punta Arenas. No se están dando todos los pasos para que se sepa toda la verdad. Eso supone más recursos económicos y humanos. La duda es si los derechos no están o no están en el corazón de la democracia. Tiene que haber una voluntad más activa.
– ¿Considera que esto cruza a la clase política?
Nosotros pensábamos que teníamos una cultura de los derechos humanos que era incuestionable y no es así. En democracia, lo único que hicimos fue aumentar la cantidad de delitos, las penas y bajar la responsabilidad penal. Al mismo tiempo, multiplicamos por dos, por tres el presupuesto de Carabineros. Se trataba de mano dura, acabar con los delincuentes, pero eso nos reventó en la cara. Y todos los gobierno estuvieron bajo la misma mirada. En lugar de atacar las causas de la delincuencia, nos preocupamos de la mano dura, entonces tenemos una cultura de los derechos humanos deficiente.
– ¿Y cómo se cambia esa visión en Carabineros?
Lo primero es atacar la autonomía. Lo segundo es el tema de selección, formación, capacitación y procesos de hacer valer sus responsabilidades. Son muy importantes los reglamentos y los protocolos, pero más importante es un entrenamiento adecuado. Se necesita mayor transparencia. Los carabineros tienen que apropiarse del discurso de los derechos humanos. Es clave que al interior de la institución haya un cultura de derechos humanos.
– ¿Ve disposición para hacer ese cambio?
Tanto el discurso como las capacitaciones iban en esa línea, pero evidentemente se produjo un retroceso gigantesco a partir del 18 de octubre. Estamos convencidos de que vamos a tener un cuerpo de carabinero reconciliados con los DD.HH. Queremos retomar el trabajo de capacitación.
– ¿Faltan esfuerzos desde Interior o desde la dirección general?
Nos gustaría que el actual ministro del Interior pusiera más vigor en lo que dice relación con las investigaciones. El trabajo que puede hacer el Ministerio Público es respecto de los delitos, pero más rápido pueden resultar los procesos administrativos.
-¿Debe haber una reestructuración del Alto Mando?
Nosotros no nos pronunciamos sobre eso. Pero dentro de la reforma a Carabineros, nosotros hemos participado también en el debate de la reforma al Ministerio del Interior, donde hay un claro desafío. Tener juntos a la autoridad política y a la autoridad de seguridad pública, no anda bien.
INDH en el proceso constituyente
– ¿Cuál espera que sea el rol del Instituto en el proceso constituyente?
Son tres los aportes que queremos hacer. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que apliquen los principios de igualdad y no discriminación. Mirando la Constitución, la pandemia ha dejado súper en claro cuáles son las deficiencias en las garantías en el acceso, uso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Las garantías que debe dar el Estado están muy mermadas, entonces eso se debe abordar. Y un tercer punto está involucrado con el reconocimiento de los pueblos originarios. Se tienen que establecer criterios para que sectores postergados tengan un espacio dentro de la democracia que se está rehaciendo.
– En la práctica ¿Cómo van a plasmar eso?
Nuestra presencia en los medios de comunicación social es importante, y habrá campañas comunicacionales. Tenemos una unidad de protección de derechos humanos donde hacemos tareas de seguimiento, área que trabaja en apoyar el avance de proyectos que son especialmente sensibles. Esos equipos han trabajo en informes sobre modificaciones. Y en nuestro balance anual vamos a abordar los derechos sociales a la salud, educación y el trabajo. Eso lo vamos a poner a disposición de la ciudadanía y de los constituyentes, en la línea de que la nueva Constitución resguarde el acceso a los derechos.
– ¿Podrían llamar a un acuerdo nacional por los derechos humanos?
Nosotros no podemos jugar un rol político en ese sentido. Sí lo que se nos ha pedido es que participemos como observadores, en distintos consejos que apuntan a consolidar la cultura de los derechos humanos y ahí obviamente que vamos a estar disponibles.
