Una denuncia en Fiscalía fue presentada por el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, por la millonaria contratación de una residencia sanitaria que estaría vinculada con un funcionario del Ministerio de Salud, siendo autorizada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
El parlamentario, argumentó que “a mi juicio existen uno o varios ilícitos penales que conviene que sean investigados a la brevedad”.
La presentación, surge al día siguiente de que el mismo Celis llevara los antecedentes del caso a Contraloría, que posteriormente informó que se ordenó un sumario, para detectar si hubo o no irregularidades y así fijar las eventuales responsabilidades administrativas. Asimismo, el parlamentario solicitó al propio subsecretario Zúñiga, mediante oficio, información adicional relativa a los pagos efectuados a la cuestionada sociedad y las otras medidas por él adoptadas, frente a sus erráticas declaraciones.
El subsecretario habría autorizado el trato directo por más de 200 millones de pesos con la sociedad Hotel Clínico SpA, para habilitar 40 habitaciones que recibirían a pacientes positivos de covid-19. Sin embargo, dicho contrato podría encontrarse viciado al estar vinculado con el jefe de la División de Atención Primaria del Minsal.
El diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, dijo que “a mi juicio acá podrían existir diversos tipos penales comprometidos. En primer lugar, aquellos referidos al tráfico de influencias, previstos en los artículos 240 y 240 BIS del Código Penal, que podrían afectar al funcionario Durán, en la medida que éste se encontrara involucrado en la decisión de contratar a la sociedad”.
“También sería aplicable el artículo 246, que refiere al caso de que un empleado público, indebidamente se anticipe a ciertas decisiones estatales por el conocimiento que le da su cargo, lo que podría aplicar siempre y cuando la sociedad se haya constituido para el solo objeto de ser contratada por trato directo, sirviendo de residencia sanitaria. Lo anterior es sin perjuicio de otros delitos de mayor envergadura que pudieren investigarse, cuya definición, dependerá del fiscal a cargo de la investigación”.
“No me cansaré de manifestar que nadie está sobre la ley. Ahora más que nunca necesitamos que la gente confíe en que las decisiones que toma el Ministerio son pensando en lo mejor para ellos y no para el enriquecimiento personal de ciertos funcionarios. Espero que tanto el órgano de control como la Fiscalía, investiguen y ejerzan las acciones que le competen con todo el rigor que estos hechos requieren”, finalizó el parlamentario.
OTRA MÁS
En tanto, el diputado Fidel Espinoza (Partido Socialista) criticó el arriendo por parte del Minsal, como residencia sanitaria por 187 millones de pesos, del Hotel Puerto Mayor, de la comuna de San Antonio, propiedad de la familia del subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.
A juicio del parlamentario, «aquí nuevamente se está jugando con la salud de los chilenos. Ya tenemos serias dudas respecto al arriendo de Espacio Riesco, luego supimos el caso de un alto funcionario del Minsal que hizo negocio y ahora conocemos que el Gobierno está arrendando un hotel de propiedad de la familia del subsecretario de Obras Públicas«.
«No nos parece que se esté haciendo negocios con esta crisis sanitaria. Esto demuestro que en este Gobierno se actúa sin pudor para hacer negocios. Esto daña enormemente la fe de la ciudadanía respecto a lo loable que podrían ser las residencias sanitarias», agregó Espinoza.
En este marco, el parlamentario exigió que «el Presidente Piñera y el Gobierno actúe de manera prolija, respetando las necesidades de las personas que ven cómo se hacen millonarios negocios, mientras miles de familias no reciben apoyo alguno».
«No puede ser que funcionarios del Gobierno estén lucrando, mientras muchos otros chilenos y chilenas no saben cómo vivir el día a día en esta crisis», concluyó el diputado socialista.
