Intentos por cambiar o, derechamente, terminar con el actual sistema privado de pensiones han habido muchos y siempre se topan con la inconstitucionalidad. Y esta vez no sería la excepción según explican los propios autores de un nuevo proyecto de ley.
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Los senadores Yasna Provoste (DC) y los senadores Alejandro Navarro (PRO), Alfonso de Urresti (PS), Carlos Bianchi (IND), y Juan Ignacio Latorre (RD), plantearon una iniciativa que busca eliminar el decreto ley 3.500 que dio origen a las AFP, nacionaliza los ahorros y además pretende establecer un nuevo organismo público que se haga cargo, el que fusionaría la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral.
“Antes tiene que haber una institución pública que sea capaz de administrar los ahorros y es muy importante que esta sea autónoma”, dice Sanhueza
Este nuevo sistema tendría una Pensión Básica Universal, la cual sería equivalente al Salario Mínimo Garantizado, y sería financiado de manera tripartita por trabajadores, empleadores y el Estado, con un aporte del 9% del salario.
De corte “populista” califica la iniciativa José Luis Ruiz, director del Diplomado en Administración de Riesgos, Unegocios de la U. de Chile. El también ex integrante de la Comisión Bravo de pensiones señala que “esto es financiar fines loables de corto plazo, pero con consecuencias importantes en el financiamiento de mediano y largo plazo en materia de pensiones”.
Es una medida de mucho contenido populista de mejorar las pensiones en el corto plazo, afirma Ruiz
Más a favor se muestra Claudia Sanhueza, economista y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la U. Mayor, sin embargo hace hincapié en que hay que hacer algo primero antes de pensar en terminar con las AFP.
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“Para derogar el DL 3.500 hay que tener una institucionalidad encargada de administrar los fondos de pensiones de manera eficiente y protegida (…) me parece que hay que ir avanzando en eso en primer lugar”, expresa. Así plantea que, por ejemplo, el actual Instituto de Previsión Social sea autónomo del Estado, “al estilo del Banco Central”.
Proteger los ahorros
¿Y por qué esto último? En Argentina se nacionalizó y estatizó el sistema de pensiones en 2008, por lo que todos esos ahorros pasaron a estar controlados por el Estado. Ruiz dice que esa situación tuvo su efecto negativo, “porque se gastaron los recursos y el Estado asumió la responsabilidad del pago de las pensiones” y añade que “los inconvenientes se producen a la hora de reclamar beneficios por pensiones los cuales se ven afectados por la disponibilidad de recursos fiscales y que en muchos casos significan congelamiento de las pensiones”.
-17,03%
La motivación de este proyecto se da en el contexto de la crisis generada del coronavirus, que ha provocado una caída importante de los ahorros de los trabajadores. En ese sentido, para Sanhueza, “un sistema de pensiones no debiera calcular las pensiones en base a las rentabilidades de los mercados de capitales”.
Así plantea que quien contribuyó durante 40 años “debería tener derecho a un porcentaje relevante” de su último sueldo y que este monto sea permanente y eso, insiste, “requiere de otra forma de cálculo”.
