Carlos Rodríguez, comerciante de 30 años y paciente oncológico de Isla de Maipo, fue detenido en marzo del año pasado porque tenía en su hogar tres plantas de cannabis destinadas a tratar las consecuencias de un cáncer testicular detectado en 2013.
Efectivos policiales vieron las plantas desde la calle -lo que no constituye flagrancia según resolvió la Corte Suprema en 2017-, las requisaron son la autorización previa de un Fiscal y lo tomaron preso.
El afectado fue formalizado y la Fiscalía solicitaba que le aplicaran cuatro años de cárcel, pero la Justicia, a través de la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, le absolvió de todos los cargos pues se constató que se trataba de un cultivo con fines medicinales.
Carlos Rodríguez es tratado en Fundación Daya desde hace dos años, por ello el equipo de esa organización le acompañó en el proceso judicial.
Su defensa, a cargo de los defensores públicos, Eduardo Saavedra y Felipe Silva, demostró que el cultivo de tres plantas de 56 a 262 centímetros de altura y los 316 gramos de cannabis tenían únicamente un fin medicinal.
La Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, indicó que “esperamos que este fallo sea una antecedente más para terminar con la injusta criminalización de los usuarios que ven vulnerado su derecho a la salud, así como con el absurdo derroche de recursos públicos que implican estos largos procesos. Reiteramos que el cultivo para consumo medicinal de cannabis no constituye ni siquiera una falta, según consigna el artículo 50 de la Ley 20.000, vigente desde el año 2015″.
