«Es un tongo, una falacia lo que están haciendo”. Ese fue el reclamo de un hombre, beneficiado por uno de los 3.800 subsidios de 1.400 y 2.200 UF para la vivienda que entregó el Gobierno el pasado sábado, en el marco del segundo llamado de postulación al programa de Sectores Medios.
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La interpelación fue contra el ministro Cristián Monckeberg, quien tuvo que escuchar lo que esta persona le decía. » Las únicas casas de 1.400 UF solo están en regiones, en Santiago no hay», se quejaba.
La autoridad reconoció que “efectivamente, ahí tenemos un lío», pero subrayó que «lo que no podemos hacer, por normativa, es liberar los límites del precio de la vivienda”, ya que eso “haría que los precios suban más todavía”.
Impagable
Como se puede ver en el mapa, la mayor oferta de casas y departamentos, al menos de hasta 1.400 UF, está presente más que nada en la periferia de la capital. Así, la queja de esta persona está respaldada por números que entregan desde el propio sector. Cabe recordar que en agosto del año pasado, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), presentó el “Índice de Acceso a la Vivienda”, que considera la relación entre el precio promedio de las viviendas y el ingreso promedio de los hogares, dando como resultado que adquirir una vivienda “es severamente no alcanzable”.
Y es que los datos son evidentes. Según la propia CChC, el costo de comprar una casa o departamento ha crecido casi 68% entre 2011 y 2019, mientras que los ingresos de los hogares no han ido al mismo ritmo: solo lo ha hecho en 24,7% y la inflación lo hizo en 37,2%.
El precio del suelo y las mayores regulaciones para la construcción en altura tras el boom inmobiliario que dio origen a los “guetos verticales”, aparecen como causas, pero ¿hay otros motivos? ¿qué se puede hacer para que el subsidio alcance y las personas no se tengan que ir a la periferia?
Consultados por Publimetro, dos expertos entregan dos visiones absolutamente opuestas: desde profundizar la política de integración social vía subsidios, hasta que el Estado se involucre más en la inversión de viviendas y ponga más controles y exigencias a las empresas inmobiliarias.
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“Lo que hay que hacer es empujar la oferta, es crearle mas incentivo a las inmobiliarias”
Incetivar más la política de integración social y que el Estado se ponga en serio a trabajar en una política de diseño de ciudad que incentive a las empresas a invertir es lo que plantea Jonathan Orrego, jefe de Estudios Toctoc.com.
“Lo que hay que hacer es empujar la oferta, es crearle más incentivo a las inmobiliarias a cambio de integracion social”, sostiene el ejecutivo, quien plantea que particularmente este año puede ser clave en esto, debido al contexto económico actual.
Por otro lado, Orrego plantea algo que mencionó el ministro ante el reclamo. “El mundo de la vivienda usada, ahí hay una gran oportunidad”, pero explica que lo que sucede acá es que hay un gran deconocimiento y ciertos temores, por ejemplo, de parte de los vendedores al recibir su pago, si este depende de la entrega de un subsidio. “El 2018 se vendieron en Santiago más de 10 mil propiedades bajo 1.400 UF”, asegura.
El problema del constante alza del valor de las casas y departamentos responde a una serie de factores, pero Orrego apunta al rol público en esto. “Acá no es solo un problema de incentivo a la empresa (…) es del Estado que no planifica, que no permite nuevos suelos con servicios. No se genera inversión, donde el sector privado pueda invertir sin pedir nada a cambio”, acota.
“El Estado sí puede fijar precio”
Que el Estado tenga un rol más preponderante y no delegue todo en el sector privado es lo que sostiene como solución Francisco Vergara, director del Centro Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas (Udla).
Acusa que esto no tiene que ver con atacar al libre mercado, ya que plantea que en economías de ese estilo se da, por ejemplo, “en países como Alemania, Francia o Singapur, existen regulación de precios de la vivienda”.
En ese sentido, el arquitecto apunta a que en nuestro país “lo que tenemos es un dogmatismo excesivo”, ya que acusa que los subsidios son utilizado no necesariamente para beneficiar a las personas. “Las empresas, con esa plata, lo que hacen es pagar el precio del suelo, pero no reducir el valor de la vivienda”.
Pero Vergara va más allá y afirma que es el propio Estado debe involucrarse, como facilitando sus propiedades y usando la plata que le da las empresas vía subsidio para destinarla a la construcción. “Con esas 1.400 UF podría levantar un departamento de 56 m2 en un terreno fiscal”, recalca.
Otra forma es obligar a las inmobiliarias a destinar, obligatoriamente, un porcentaje de las viviendas que construyen a personas que puedan vivir allí sin depender del costo. Ejemplifica que «cada proyecto nuevo e Inglaterra debe tener 20% para que cualquier persona se pueda ir a vivir ahí».
El docente también apunta al modelo de negocio de las empresas y que distorsiona el fin que debiesen tener. “Su objetivo solo es la rentabilidad, no es producir viviendas” y esto dice que es porque estas compañías cotizan en la Bolsa. Así tienen la responsabilidad de responder a sus accionistas, por lo que “tienen que subir los precios de las viviendas para generar las rentablidades que se reparten”.
