113 días van desde que Álex Nuñez fue asesinado luego de una golpiza en Maipú; 94 días desde que el disparo de una escopeta antidisturbios le arrebató ambos ojos a Gustavo Gatica; y 76 días del impacto de una lacrimógena directo al rostro de Fabiola Campillay, con el mismo resultado trágico. Y la mayoría de las personas se pregunta, ¿por qué aún no hay culpables ni formalizados?
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La demora motivó a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entrara a escena para apurar la causa de Núñez, presentando una querella donde se denuncia un «concierto» de varios carabineros de la 25º comisaría de Maipú para presentar declaraciones y pistas falsas, con el fin de esconder las circunstancias de la fatal paliza que le provocó un trauma craneoencefálico al trabajador de 39 años el pasado 20 de octubre.
La situación de Gatica y Campillay también es incierta pese a lo cruento y mediático de los casos, donde el actuar de las fiscalías, las autoridades políticas, y sobre todo Carabineros, están en el ojo del huracán.
«Es sumamente grave lo que está pasando, en este momento no hay seguridad jurídica para las víctimas», dice Miguel Yáñez, abogado de la familia de Campillay. Su mayor preocupación es que «en primera instancia no se obtuvieron las debidas diligencias», y que a medida que transcurren los días «se pierde mucha evidencia y eso es responsabilidad de Fiscalía».
Para el abogado en DD.HH., resulta difícil creer que aún no se identifique al autor del disparo y que en gran parte se debe a la 14º comisaría de San Bernardo. «Tienen una dotación muy pequeña. La patrulla que fue, y dependía de esa comisaría y Fuerzas Especiales, tenía un jefe de unidad, un teniente encargado de dar las órdenes. Los carabineros de guardia saben quienes fueron, pero no quieren dar nombres».
Yáñez afirma que el «pacto de silencio es un hecho» y que «todos los carabineros saben quien disparó, y están actuando igual que la Iglesia católica: encubren los nombres y envían funcionarios involucrados a otras comisarías sin que estemos al tanto de eso».
Eso se condice con la denuncia del CDE, que se basa en el testimonio de un subteniente de la 25º comisaría de Maipú, y que relató, gracias a la confesión de otro colega, un supuesto pacto que urdió un teniente para entregar confesiones falsas y así inculpar a otros funcionarios o viciar la investigación.
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Cristián Cruz, abogado querellante del caso de Núñez, valoró la querella del CDE, y apuntó a Carabineros diciendo que «cuando sus funcionarios han perpetrado ciertos delitos y se han puesto de acuerdo para encubrir los mismos, corresponde perseguirlos porque han vulnerado gravemente los DDHH».
De hecho, la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, declaró este fin de semana que «si efectivamente se pusieron de acuerdo para ocultar el hecho, es grave, muy grave. Aparte de cometer el delito, están infringiendo sus deberes funcionarios: su obligación de denuncia, y están obstruyendo la investigación”, indicó.
Un tanto más optimista parece el caso de Gatica. En conversación con Publimetro, el abogado de la familia, Pablo Norambuena -querellante junto a Carlos Gajardo-, señaló que «entendemos que Fiscalía está dentro de los plazos investigativos. Estamos expectantes para poder identificar a los responsables».
Norambuena dice estar al tanto de que el ente persecutor está llevando a cabo «varias diligencias con resultados útiles y necesarios», pero que declaró reserva sobre las pesquisas, por lo que no hay mayores detalles. Si bien indica que aventurarse a plazos para un formalización es imposible, sí dice estar «confiado en la labor de Fiscalía y la brigada de DD.HH. de la PDI».
«Nuestro interés es que esto se desarrolle con la mayor rapidez, pero también con una investigación que sea de calidad y eficiente», sostiene.
¿Silencio tácito?
Para el caso de Campillay, Yáñez espera conseguir una formalización «efectiva de aquí a dos meses». Lo que le preocupa, sin embargo, son antecedentes como los ocurridos con la formalización del cabo que atropelló y mató al hincha de Colo Colo, Jorge Mora, o un caso por torturas sobre un joven en San Bernardo que él mismo lideró.
«En el caso de Mora, la jueza casi le pidió disculpas al Carabinero por formalizarlo. Argumentó de manera moral, que está prohibido, y no hizo un análisis jurídico. Con ese tipo de antecedentes, las víctimas de Carabineros no están seguras», recalca.
En el caso de torturas, el abogado indica que se lograron requisar los videos de la comisaría -la misma implicada con Campillay- donde se realizó la tortura. Se formalizó a dos funcionarios: uno por la golpiza y otro por falsificar el parte policial.»La magistrado vio como torturaban a ese joven, lo subían y bajaban entre 8 personas, y aún así tenemos sólo a un formalizado por golpes. Al torturador acá en San Bernardo se le dio sólo firma mensual. Ese criterio es preocupante», sentencia.
El experto en causas por DD.HH. dice que tantos días sin encontrar culpables son un «segundo golpe muy duro para la familia», y asegura que en el escenario post estallido social «la línea hacia una dictadura se está cruzando, lo digo con todas sus letras: se aprueban leyes contra las manifestaciones, las fiscalías no tienen autonomía, los jueces fallan a favor de los Carabineros y están dando manga ancha para que hagan lo que quieran».
«Independiente de si se mató o le sacó el ojo a alguien, Fiscalía no se atreve a pedir prisión preventiva para los uniformados. Yo vengo denunciando este pacto de silencio que no sé si es tácito, pero en 5 años tendrá consecuencias para los que hoy administran el poder, especialmente el Presidente Piñera», sentencia.
