Nacional

Abusos de la 20ª comisaría de Puente Alto suman dos bajas y dos remociones

La intervención ordenada por el Alto Mando ya había determinado la desvinculación de siete efectivos involucrados en golpiza a Matías Soto.

Buscando recuperar la «confianza» de la ciudadanía, argumentaron las autoridades, Carabineros dispuso nuevas medidas respecto de los abusos cometidos por funcionarios de la 20ª comisaría de Puente Alto.

A las siete bajas de efectivos involucrados en la golpiza a Matías Soto (18), se sumó la desvinculación de otros dos carabineros y la remoción del mando de la comisaría, comisario y subcomisario. Desde la institución, eso sí, no precisaron el hecho por el cual los dos nuevos efectivos fueron expulsados de las filas.

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«Hay una investigación sumaria en Carabineros, pero ya se estableció la baja de los efectivos, dos oficiales y siete carabineros, que cometieron actos tan reprochables y tan graves […] Carabineros es depositario de la confianza de la ciudadanía para el uso legítimo de la fuerza, y la fuerza legítima que entrega la ley y la Constitución tiene que usarse siempre en forma ajustada a los protocolos«, dijo al respecto el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Por su parte, el general Diego Olate, subdirector de Carabineros, sostuvo que “hemos estado absolutamente comprometidos con la legalidad y transparencia en la actuación del personal. Los Carabineros hemos sido los más interesados en que se aclaren todas las situaciones respecto de las denuncias que se han recibido”.

Como agregó, la idea es “renovar y disponibilizar a la comunidad, los mejores elementos con los que contamos, lo que nos permita recuperar la confianza de la comunidad”. Por eso, no descartó que durante las investigaciones se fijen nuevas sanciones.

La información se entregó en el balance de la utilización de cámaras corporales por parte de los efectivos, instrumentos que prometen transparentar los procedimientos policiales. No hay posibilidad de intervenirlos.

Ya hay 380 de esos dispositivos en uso, pero a marzo, aseguró Blumel, la meta es que todos los funcionarios de control de orden público las porten. Permiten, explicaron, proteger al efectivo, a quienes se manifiestan, y tener pruebas respecto de posibles delitos.

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