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Una encendida semana ha tenido Andrea Acevedo, jueza del del 14° Juzgado de Garantía de Santiago. ¿El motivo? Su rol durante la formalización del carabinero que atropelló y mató a hincha de Colo Colo. En sus palabras, la magistrada lució abundante en prejuicios y comentarios de carácter político no atingentes al caso. Las reacciones no se hicieron esperar, proviniendo del mundo político, las redes sociales, pero también desde organizaciones relacionadas directamente con el derecho como la Asociación de Magistrados y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes incluso apelarán a la resolución de la jueza.
Durante la jornada de ayer, también se sumó a las críticas el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. «Yo me he enterado en la mañana que se está estudiando la posibilidad que se deduzca un recurso de queja en contra de esa magistrada y, por lo tanto no puedo emitir ninguna opinión sobre la actuación que ella tuvo (…) Si yo le digo que que si se excedió, no voy a poder entrar al proceso disciplinario que va a motivar la queja que se anuncia sobre ella», comentó. Silva señaló que «el ideal es que los jueces, al emitir sus resoluciones, se limiten al derecho y a los hechos establecidos en la causa».
Contra los hinchas
Sus comentarios generaron gran revuelo entre los hinchas. “Estamos en presencia de un hecho que ocurre finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa Garra Blanca de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general”, sostuvo la abogada.
Los representantes del movimiento “Colo Colo de Todos” están indignados. Afirmaron en su cuenta de Twitter que “es escandalosa la forma en que la jueza manejó la formalización“. Las reacciones en redes sociales se han dividido entre quienes la defienden por hablar de «deberes» y quienes la critican por sus prejuicios.
No es primera vez: jueza había estado involucrada en otro conflicto
Era junio del 2018 y una audiencia de control de detención en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago terminó a gritos entre la jueza y el abogado. La misma jueza que hoy protagoniza la polémica sobre el manifestante atropellado por Carabineros. En aquella oportunidad la magistrada Andrea Acevedo y el abogado Héctor Montecinos discutieron sobre la legalidad de la aprehensión del imputado. Montecinos indicó que “usted no es dueña de la verdad su señoría, con todo el respeto que me merece” y comenzó el conflicto. La jueza le pidió “moderación en sus palabras” al abogado.
“Llevo más de 13 años como juez de garantía y no va a ser usted la primera persona que me va a recordar cuáles son mis facultades”, fue otra de las intervenciones de la magistrada. La discusión fue subiendo de tono, hasta el punto en que Montecinos trató de interrumpirla. Y la jueza le gritó: “Guarde silencio caramba. La que dirige la audiencia aquí soy yo”. Montecinos le preguntó “¿por qué tengo que aceptarle que usted me grite?”. Terminada la audiencia, la polémica escaló hasta la Corte de Apelaciones, la que solicitó informes a ambos involucrados, lo que fue ampliamente cubierto por la prensa de aquel entonces.
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Reacciones de organizaciones
Y la ola de reacciones continúa. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunciaron a través de su cuenta de Twitter que apelarán a la resolución de la jueza Andrea Acevedo. Según señalaron, la apelación será por la «calificación y medidas cautelares adoptadas en torno al funcionario policial que atropelló a una persona en las inmediaciones del Estadio Monumental con resultado de muerte». «No compartimos la calificación jurídica de la Fiscalía. Si bien es una etapa muy inicial, nuestra convicción era que la calificación jurídica es de, a lo menos, un delito de violencia innecesaria con resultado de muerte», explicó la jefa metropolitana del INDH, Beatriz Contreras. No fue la única organización que reaccionó ante este polémico caso.
Desde la Asociación de Magistrados, su presidenta Soledad Piñeiro indicó que “la independencia necesaria para el digno desempeño del trabajo de jueces y juezas representa un valor democrático que les obliga a ajustar sus resoluciones sólo a las leyes y a los antecedentes de la causa”. “También impone el deber de fundamentación”, agregó.
El error más allá de la polémica
La abogada de la Universidad de Chile, Claudia Torres explicó la polémica a Publimetro. «La ley es clara en cuanto a las limitaciones a las que debe regirse un magistrado», señala. «No corresponde dar a conocer información desde un punto de vista personal. Solo debe sujetarse a los principios que establece la ley para dictar sentencia, los que son bastante claros: dictar fallo bajo la sana crítica», agregó.
