La Comunidad Ecológica de Peñalolén ya superó las tres décadas de vida, con cerca de 300 familias que se esparcen en casi 215 hectáreas de terreno en una zona de geografía privilegiada y vida apacible de la capital. En estos días de agitación latente, la comuna se ve sacudida por su propio «estallido social» a causa de una disputa que ya llegó a la Justicia, catalizada por un proyecto de 350 viviendas sociales proyectado para construirse en Antupirén a un año y medio de plazo.
Sin embargo, sueño para unos y pesadilla para otros, todo quedó paralizado en una oficina del juzgado.
«Los vecinos cumplieron con las postulaciones, los plazos y los pagos respectivos para el proceso, de modo que ellos sólo está reclamando por su derecho a la vivienda», precisa la alcaldesa Carolina Leitao, quien intenta armonizar las posiciones divergentes de los sectores vecinales.
Un recurso de protección presentado por quienes se oponen a la instalación de las casas fue acogido por la Corte Suprema, esgrimiendo como motivo la protecciòn ambiental del sector precordillerano, porque eventualmente la nueva villa significaría destruir un bosque de espinos. “Esto se produce por una confluencia de intereses entre personas que fueron comprando terrenos donde su proyecto de vida era vivir en contacto con la naturaleza y mantener esas condiciones naturales”, ha explicado el abogado Mariano Rendón.
Pero los pobladores, respaldados en su postura por el municipio, sostienen que “ellos (los actuales habitantes) destruyen millones de árboles para hacer casas grandes para gente que tiene plata. Nosotros tenemos menos plata, esa es la diferencia”.
Por cierto, el duro debate ya pasó de una cuestión legal a otra de principios. «La discriminación social dura y purar está simplemente disfrazando los argumentos de tipo ambiental que se plantean en la discusión. Cualquier acto que hagamos la Comunidad Ecológica lo va a impugnar”, afirma sin tapujos la jefa comunal.
Mientras los pobladores se manifiestan en las calles de Peñalolén rechazando la «discriminación», desde dentro de la Comunida Ecológica también surge la solidaridad de aquellos vecinos que no los ven como una amenaza y suscriben «su legítimo derecho de la vivienda».
Como sea. también 150 habitantes de la Comunidad Ecológica apoyan a lo pobladores, advirtiendo que cuando se lvanto el Condominio Casagrande «nadie dijo nada» por tratarse de un núcleo socioecónomico alto. Y el Gobierno tampoco tiene una posición tibia, la ya que el propio ministro de la Vivienda, Cristián Monckeberg, garantizó que «tenemos un compromiso profundo con la integración social y vamos a defender nuestras viviendas sociales en todo Chile. Respecto a las más de 350 familas de Antupirén, vamos a hacer hacer el esfuerzo necesario para defender jurídicamente un proyecto que cumple con todos los requerimientos legales y administrativos».
