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Un duro revés político podría sufrir el Frente Amplio, cuyos líderes encabezaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en contra de la recién aprobada ley “antisaqueos” y “antibarricadas”.
La iniciativa, que llevaba la firma, entre otros, de Gabriel Boric, Maite Orsini, Renato Garín, Gael Yeomans y Gonzalo Winter, además de un gran número de diputados de la ex Nueva Mayoría, ingresó al Tribunal Constitucional a las 18.33 del martes 21 de enero. ¿Cuál es el problema? Que el decreto promulgatorio del cuerpo legal entró para toma de razón en la Contraloría el mismo día, pero a las 12.35, o sea casi seis horas antes, lo que para efectos del TC lo convierte en ley promulgada y deja fuera de plazo el recurso, que ya no podría ser revisado por éste.
La ley orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 62, establece que “la promulgación se entenderá efectuada por el Presidente de la República cuando ingrese a la oficina de partes de la Contraloría General de la República el respectivo decreto promulgatorio”.
Y ese ingreso, según le informó ayer la propia Contraloría al TC vía oficio, se produjo «el día 21 de enero de 2020, a las 12.35 horas».
“En ningún caso”, continúa el artículo 62, “se podrán admitir a tramitación requerimientos formulados con posterioridad a ese instante”. Y el requerimiento del Frente Amplio, según el timbre de recepción del TC, que incluso marca los segundos, fue a las 18:33:04.
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Con esto, no habría vuelta que darle: la ley “antisaqueos” y “antibarricadas” ya es un hecho.
Una ley controvertida
La tramitación de esta normativa estuvo repleta de controversias: por el contenido mismo del cuerpo legal, pero también por la aprobación inicial que le dieron en la Cámara de Diputados parlamentarios del Frente Amplio, entre ellos Boric y Giorgio Jackson.
Su decisión de votar a favor en general, con la esperanza revertir luego los artículos que «criminalizaban la protesta social» (cosa que no ocurrió) les acarreó muchas críticas, especialmente en redes sociales.
Finalmente, ambos pidieron disculpas por la votación y en su momento se comprometieron, en palabras de Jackson, a “hacer todo lo posible para que el proyecto que ahora está en el Senado pueda cambiar, y por eso estamos intentando convencer a senadores y senadoras para que impidan que aquellas materias que criminalizan la protesta social se transformen en ley”. Eso no ocurrió, o al menos no ocurrió como el FA pretendía, y salió del Senado con artículos muy criticados por el conglomerado.
Por eso decidieron ir al Tribunal Constitucional -en total firmaron 40 diputados- aunque el escrito finalmente no llevó la rúbrica de Jackson.
