“Todo sube, menos los sueldos”. No son pocos quienes han pronunciado esa frase más de alguna vez, una sensación que no parece estar muy alejada de la realidad, cuando 50% de las personas ocupadas percibió ingresos menores o iguales a $400 mil en 2018, según el INE.
Que con el sueldo cuesta llegar a fin de mes no es una queja nueva, pero que se profundizó en medio de la crisis social por la que atraviesa el país. Es en este contexto en que el Gobierno incluyó en su llamada “Agenda Social”, el proyecto de “Ingreso Mínimo Garantizado”, un subsidio del Estado para elevar los salarios más bajos, distinto del actual sueldo mínimo.
Sin embargo, el acuerdo para avanzar en la iniciativa está lejos de generarse, debido a que Ejecutivo y oposición chocan principalmente en dos puntos: el monto a llegar y a quiénes beneficiará.
Así, el pasado martes la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, aunque los parlamentarios opositores lograron incluir una indicación para que este beneficio sea solo para empresas pequeñas, dejando fuera a quienes laboran en grandes empresas, las que según los legisladores debieran asumir el costo sin recibir apoyo estatal.
El Gobierno anunció que en el Senado intentarán corregir esto “para que no haya esta discriminación odiosa, arbitraria y que simplemente le pega un portazo a trabajadores que están en los más bajos ingresos de Chile, porque la oposición los quiso excluir”, acusó durante esa jornada el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
“Me parece absurdo entregar un ingreso mínimo a los grandes empresarios y si avanza este proyecto sería para las mipymes” advirtió en conversación con Publimetro la senadora PPD Adriana Muñoz, integrante de la Comisión del Trabajo del Senado, instancia a la que tendrá que llegar la iniciativa para ser analizada.
Pero la otra piedra de tope es el monto, porque si el Gobierno promueve alcanzar un ingreso mínimo de $301 mil, la oposición apunta a alcanzar $500 mil, «para tener un sueldo que permita flotar sobre la línea de la pobreza”, apunta Muñoz.
Reparos de forma y fondo
“Es relevante dialogar con todas las partes involucradas en avanzar hacia pagar mejores salarios a los que reciben menos. Pero las medidas deben llevar los incentivos correctos”, advierte José Luis Ruiz, docente del Diplomado en Administración de Riesgos, Unegocios de la U. de Chile
En la vereda opuesta, la senadora dice que empujará esos cambios a la iniciativa del Gobierno, pero también tiene reparos, aunque respecto del marco en el que está hecho el proyecto, ya apunta que esta “es una agenda que la enfrenta con recursos fiscales y que no le toca un pelo al empresariado”.
Hugo Lavados economista y director de la Escuela de Negocios de la U. Mayor, también muestra su preocupación por el desembolso fiscal que esta política pública implicaría, motivo por el cual es contrario. “Hay una presión por gasto público creciente en eso”, advierte y añade que “hay muchas cosas que el Estado tiene que gastar y esto desvía esos recursos, como mejorar las pensiones”.
Por qué sí
La postura de la oposición respecto al tema se alinea con la demanda de los gremios sindicales, en cuanto a empujar un sueldo mínimo de $500 mil.
Respecto de este proyecto de Ingreso Mínimo, que apunta al mismo objetivo, la senadora Muñoz es defensora de alcanzar ese guarismo para que los hogares chilenos superen el umbral de la línea de pobreza, “según los datos del propio Ministerio de Desarrollo Social”, subraya.
También es clara en señalar que este subsidio estatal debe enfocarse netamente en las micro y pequeñas empresas, aunque aclara que “de forma transitoria hasta que la mipymes puedan acceder a pagar los 500 mil líquidos”.
Asimismo defiende que se excluya a las grandes empresas de la iniciativa, ya que señala que estas debieran asumir el costo de pagarle a sus trabajadores esa cifra.
En ese sentido, acusa que “no podemos vivir subsidiando el ingreso mínimo, porque el país tiene que valorar el trabajo que colabora al desarrollo del país y de las empresas”.
Asimismo critica el tradicional discurso de quienes se oponen a subir de manera importante el sueldo mínimo, “ese un argumento majadero que se da en cada contexto que discutimos derechos de los trabajadores, como cuando discutimos reducir la jornada a 40 horas, que viene caos económico, la productividad se viene al suelo”.
Por qué no
Hugo Lavados critica la política en sí, ya que acusa que “genera incentivos complicados” y pone ejemplos como que “las empresas nunca van a subir las remuneraciones” o que “las empresas grandes se subdividan y pasen a ser pymes”.
Respecto de la propuesta de la oposición de cambiar la propuesta de ingreso del Gobierno desde los $301 mil a $500 mil líquido, José Luis Ruiz advierte que “los recursos son significativos, incluso dejando fuera a las grandes empresas”, como postulan los parlamentarios opositores.
En esa línea, acusa que “hay que tener presente que medidas así, requieren financiamiento más permanente de mediano y largo plazo. Además, el tema de los bajos salarios no se resuelve por ley”, apunta. Algo con lo que coincide Lavados, quien dice que las cifras no dan, porque cerca de 40% del empleo que hay en Chile lo generan las pymes.
En tanto, la idea de presionar para que las grandes compañías para que asuman el costo de subir el sueldo a sus trabajadores a esos $500 mil, pero no con este subsidio, sino que aumentando el actual salario mínimo, promueve “con mayor posibilidad cambios tecnológicos que reduzcan la contratación”, advierte.
Y Ruiz complementa diciendo que “se corre además un peligro serio de mayor automatización en fuentes de empleo que requieren de menos habilidades, con lo cual la medida estaría presionando mas fuerte a un cambio tecnológico en este sentido”.
Pero Lavados remata con una crítica mayor a quienes empujan esta idea. “Lo digo con mucho respeto, pero los parlamentarios que promueven esto no han estado nunca en la gestión de una empresa, dirigiendo, pagando remuneraciones”, concluye el también ex ministro de Economía del primer Gobierno de Michelle Bachelet.
