Nacional

Cámara de Diputados aprueba con alta mayoría polémica ley antisaqueos

Ayer se votó con amplia mayoría el proyecto de ley impulsado por el Gobierno denominado como “Ley Antisaqueo”. Con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones se aprobó la modificación del Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agravar las penas aplicables.

A pesar del apoyo transversal al proyecto, desde el Frente Amplio se rechazó muchas de las mociones que se votaron específicamente. El diputado Giorgio Jackson considera que “lamentablemente el Gobierno agregó muchísimas cosas relacionadas a la criminalización de la movilización social”.

La diputada de Convergencia Social y miembro de la Comisión de Seguridad que discutió este proyecto, Gael Yeomans considera que “era necesario el poder dar un gesto en el sentido correcto respecto a los saqueos y separar aguas respecto a la criminalización de la protesta social”. Yeomans sostiene: “Nosotros hubiéramos preferido otro proyecto de ley obviamente, pero sabemos además que un proyecto que hubiéramos presentado no hubiera tenido hoy día la tramitación que está teniendo este con las urgencias y apoyos que cuenta el proyecto”

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Giorgio Jackson considera que muchas de las indicaciones que se aprobaron son difusas. “En esas mismas redacciones la tipificación de muchos de los delitos que se incorporan son tan amplias que van a tener problemas de aplicación por parte de los jueces”, sostuvo.

Jorge Brito se sumó al resto de los parlamentarios de su bancada y aseguró: «En consecuencia, creo que el gobierno no es que esté en contra de los saqueos, es que está a favor de criminalizar el descontento social y es que la verdad en el mundo los resultados de este tipo de leyes son simplemente mayor indignación de la gente. Y la gente tiene hoy razones para estar indignada, porque el Gobierno no solamente no escucha las demandas sociales si no que lo único que propone es cárcel, militares y policías».

Los seis puntos de los siete aprobados son los siguientes:

  1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad
  2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes o punzantes.
  3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, vehículos, entre otras.
  4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
  5. Impedir o dificultar la actuación del personas de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública.
  6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

 

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