La Cop 25 prometía ser uno de los grandes eventos que capturaría la atención de los chilenos pero el estallido social lo convirtió en una cumbre casi anecdótica. Sin embargo, en la Conferencia por el Cambio Climático, que se desarrolla en España luego de que el país se bajara como sede, sí están pasando cosas a tener en cuenta.
Una de ellas se dio ayer miércoles, cuando el Comité Científico de la Cop, coordinado por la científica Maisa Rojas, le entregó al Gobierno la hoja de ruta para que el país le haga frente al mayor desafío de la humanidad del siglo: el calentamiento global.
Son 68 páginas avaladas por el trabajo de cerca de 600 científicos, y cuyo trabajo se desarrolló durante todo este año. «Este documento simboliza el compromiso de un trabajo inédito de la ciencia chilena: poner la evidencia en cambio climático al servicio del país (…) Este hito da cuenta cómo cambia el rol de Chile en estos espacios ahora con un Ministerio de Ciencia», dijo el ministro Andrés Couve.
Pero ojo: las recomendaciones no se basan solo en modelos científicos, sino que apuntan a decisiones derechamente políticas que el país deberá afrontar.
Planes de respaldo
El documento plantea, de manera implícita, cuestiones tan relevantes como cambiar el sistema privatizado de aguas, mejorar urgentemente las viviendas, que el desarrollo urbano esté sujeto a un plan central y no por cada comuna, o que los combustibles fósiles no reduzcan su precio para bajar a las personas del auto.
Rodrigo Palma, académico de la U. de Chile y coordinador de la Mesa de Mitigación y Energía, explica a Publimetro que «el mensaje más importante es que estas evaluaciones están sujetas a mucha incertidumbre». Es decir: este gobierno, o el que venga, necesitará un plan b, c y d, por si la descarbonización o la apuesta a laenergía solar se queda corta.
«Los escenarios mundiales y de tecnología cambian más rápido de lo que uno piensa. Debemos tener una buena estrategia para las incertidumbres, por ejemplo, si se nos cae una medida de mitigación, ¿existen otras tres para reemplazar? Esa es la discusión urgente ahora», explica el científico.
El informe toma en cuenta la posibilidad de que Chile potencie la elaboración de hidrógeno o que prepare su matriz energética para no colapsar ante la masificación de la electromovilidad. Para Palma, sin embargo, lo esencial es que las recomendaciones de los científicos «redundan en mayor equidad y dignidad».
Fin a los derechos de agua
Por ejemplo, la Mesa de Agua, compuesta por 156 científicos, propone derechamente «dotar a la autoridad de la posibilidad de revisar las condiciones originales de otorgamiento de los derechos (…) reformar el régimen legal que regula el acceso al agua».
En ciudades, por otra parte, los científicos proponen «establecer una gobernanza urbana multinivel, coherente y anclada en el territorio y sus habitantes». Es decir: algo así como que el desarrollo urbano lo decida un ente centralizado en base a información científica, y no cada comuna según su poder económico.
La misma mesa, de manera solapada, desdice la estrategia del gobierno de fomentar el desarrollo de nuevas carreteras urbanas o dar espaldarazos al movimiento No+Tag. La propuesta científica es «elaborar una ley de movilidad urbana sostenible con menos automóviles (…) considerando además un cambio en los criterios de uso del espacio urbano, que dé preferencia al transporte público y modos no motorizados por sobre el vehículo particular».
En cuanto a océanos, los científicos también plantean cuestiones como «fortalecer la fiscalización y certificación de las pesquerías», para cuidar los bancos naturales de animales marinos.
Mejores viviendas
Jonathan Barton, académico del Cedeus UC y uno de los coordinadores de la Mesa Ciudades, explica que es urgente que cada ciudad tenga su propio plan climático. Para eso, dice, no sólo importan los datos, sino que también identificar las necesidades de grupos más vulnerables, distintos sectores económicos o incluso etnias distintas.
«Hace 10 años en Europa, en medio de una ola de calor histórica, murieron adicionalmente a la tasa normal más de 80 mil personas. Hay que tomar esto en serio», opina Barton. Una de las recomendaciones del documento es mejorar la «resiliencia urbana».
El geógrafo dice que se debería empujar con nueva normativa a las inmobiliarias a mejorar el desempeño térmico de sus construcciones -sin traspasar los costos a las personas-, planes para combatir las islas de calor urbano, o infraestructura verde especial para los adultos mayores que habitan viviendas precarias.
«Se deberían decidir estándares mínimos más exigentes de la construcción y que el Estado intervenga para que la casa sea resiliente al cambio climático. Planes que reconozcan la capacidad adaptativa en la población», enfatiza.
