Representantes de Amnistía Internacional presentaron parte de los resultados de su investigación en Chile en el marco de las protestas sociales iniciadas el 18 de octubre.
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La ONG ha puesto especial atención en el uso indiscriminado de armamento militar para la represión de las manifestaciones, la aberrante cifra de personas con lesiones oculares y las más de mil denuncias por vejaciones por parte de funcionarios del Estado.
Según el informe de Amnistía Internacional «se ha utilizado armamento militar para controlar las protestas de forma indiscriminada» y se han documentado 5 muertes por parte de agentes del Estado, cuatro a manos de funcionario del Ejército y uno a manos de Carabineros. En dos de estos casos se utilizó armamento militar, según reportó la ONG.
«De acuerdo a los estándares internacionales, estos armamentos no deberían ocuparse en contexto de protestas», señaló Pilar San Martín, especialista en temas de crisis de Amnistía.
El informé contabilizó más más de 2.300 personas lesionadas, de las cuales más de 1400 han sido heridas por armas de fuego.
El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. pic.twitter.com/dZSSawgdo8
— Amnistía Chile (@amnistiachile) November 21, 2019
«Amnistía ha analizado 20 piezas audiovisuales que demuestran el uso generalizado de escopetas con municiones potencialmente letales. A pesar de que su uso debiese ser excepcional las fuerzas de seguridad, Carabineros ha usado la escopeta con perdigones una de sus principales herramientas para dispersar manifestaciones, en muchos casos pacífica», señaló San Martín.
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La ONG confirmó que la cifra de traumas oculares ha aumentado hasta 280 personas con lesiones, según los últimos datos entregados por el Colegio Médico.
«Una cifra absolutamente aberrante y sobre la que creemos que si no se estuviese disparando a la cabeza de los manifestantes, no tendríamos este números de lesionados», agregó San Martín.
«También documentamos la práctica de los Carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos 9 ocasiones en varias ciudades. Así un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano», sostuvo la especialista.
Finalmente la vocera hizo referencia a las denuncias de torturas registradas por la Fiscalía.
«La Fiscalía de Chile ha registrado más de 1100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes así como 70 denuncias de caracter sexual cometidos por funcionaros públicos, entre las que se encuentras la violación sexual, el abuso sexual, la desnudez forzada y las amenazas sexuales«.
Una política de castigo
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la Secretaría Internacional de Amnistía Internacional, entregó las conclusiones del informe elaborado por la organización, las que apuntan a una política de castigo a la sociedad chilena por las movilizaciones.
«El Ejército en un primer momento y Carabineros hasta ahora, han llevado ataques generalizados en contra de la población usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con el afán de dañar y castigar a aquellas personas que continúan en las calles manifestándose», sostuvo la directora.
Guevara agregó que la ONG «está convencida de se trata de una política de castigo con la intención de dañar, persuadir a las personas que dejen de manifestarse y poner en ridículo al Gobierno de Sebastián Piñera porque todos sus intentos por bajar el enojo social solo ha logrado alimentar las manifestaciones».
La representante de Amnistía concluyó que «el grado de coordinación requerido para sostener la represión la represión violenta por más de un mes, lleva a pensar que la responsabilidad del mando al más alto nivel, ya sea porque ordenó o toleró esta represión, nos da a entender de que esto se trata de una política de castigo».
