Decenas de miles chilenos se siguen manifestando en las calles de Chile en contra de las políticas del Presidente Sebastián Piñera. Tras más de veinte días de protestas, la sociedad civil, académicos y políticos, levantaron la demanda por una nueva Constitución generada a través de un proceso que involucré a la ciudadanía en la redacción de un nuevo texto.
El Presidente hizo eco de la consigna que se ha levantado en marchas y cabildos. La noche del domingo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que se daría inicio a un proceso para una nueva constitución. Sin embargo, los encargados de redactar la carta magna serían en primera instancia por un «Congreso Constituyente» y no una Asamblea Constituyente como se ha solicitado desde distintos sectores.
El método del Gobierno implica que un grupo de parlamentarios se dedique a elaborar la nueva Constitución, dejando de lado a la ciudadanía en este proceso.
Ante el anuncio de Blumel, parlamentarios rechazaron esta opción y recalcaron la necesidad de que la ciudadanía participe del proceso.
Manuel José Ossandón (RN) valoró la intención de avanzar en el tema pero sostuvo que «el actual Congreso, solo, no tiene legitimidad frente a la opinión pública».
Por su parte, la diputada comunista, Camila Vallejo, criticó el anuncio y asguero que “quiere saltarse el plebiscito de entrada para consultar al pueblo si quiere o no una nueva Constitución».
La Asamblea Constituyente
El método para elaborar una nueva carta magna que sigue sonando con fuerza en la calle es la Asamblea Constituyente. Según la definición del Programas de Naciones Unidas (PNUD) para el desarrollo, es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional; y no para ejercer facultades legislativas. Terminado este proceso, los ciudadanos elegidos dan paso al ejercicio de los poderes tradicionales.
Sobre esta forma de elaborar el texto, el Presidente Piñera se ha limitado en decir que hay que seguir las reglas del juego establecidas en la Constitución actual, es decir, hecha a través de las instituciones ya existentes.
La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, reafirmó la línea del Gobierno y agregó que «el Congreso es el camino de avanzar en una unión que permita llegar a un gran acuerdo. Nuestro camino no es la asamblea constituyente», sin embargo, también creen que «la participación activa de los ciudadanos es algo que debe ser».
Una tercera manera de realizar una nueva Constitución es a través de un panel de expertos, mecanismo que se utilizó para elaborar la Constitución de 1980 en Chile.
A la comisión constituyente o de expertos se le entrega la facultad de discutir los contenidos de la nueva carta fundamental y la elaboración del texto de la misma, el que luego debe ser ratificado, ya sea por la autoridad u órganos que la designaron, por el poder legislativo, por la ciudadanía mediante plebiscito o referéndum, o por más de uno de ello, explica el PNUD.
¿Por qué una nueva Constitución?
Para el abogado y académico de la Universidad Central, Alejandro Usen, la Constitución de 1980 presenta un primer problema en su origen al ser elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Para el académico, el texto político actual es el régimen político dictatorial con cambios bastantes menores y que fue construida por y para la dictadura.
“Esta es una Constitución que por el contexto en la que fue creada, es un texto que nace mirando para atrás. Fue una solución constitucional a lo que pasó el año 73 en Chile por lo que nunca ha sido un buen fundamento para una sociedad que cambió muy significativa en los últimos 30 años. No se pensó como un texto con mira a los 40 años”, agrega Unsen.
En la misma línea, el analista político y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, considera que hay tres pilares para explicar por qué Chile necesita una nueva Constitución. La poca participación de la ciudadanía, la revisión de derechos básicos que están o no en el texto político y el rol de Estado como regulador del mercado.
“Es necesario revisar los derechos que están o no contemplados en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vivienda no está, el derecho a los pueblos indígenas tampoco está. El derecho a la educación, salud y pensiones, está pero necesita ser revisado, igual pasa con los derechos de agua», señala Fuentes.
Tras el anuncio del Gobierno falta definir si existirá o no un mecanismo que incluya a la ciudadania en el proceso de una nueva Constitución.
