España miraba el miércoles a la región nororiental de Cataluña, tras dos días de choques violentos entre la policía y manifestantes que protestaban por la decisión del Tribunal Supremo español de condenar a prisión a nueve líderes independentistas catalanes.
Los estudiantes en la región hicieron huelga el miércoles en varias localidades catalanas se iniciaron marchas que pretendían llegar a Barcelona el viernes. Los organizadores les instaron a mantener la protesta pacífica, como habían sido la mayoría de las manifestaciones independentistas hasta esta semana.
Aun así, las marchas causaron problemas de tránsito en la acomodada región al avanzar por la autopista.
El servicio de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona, cerca de la frontera con Francia, quedó interrumpido debido a “sabotaje”, según el gobierno español.
El tráfico en el centro de Barcelona se vio afectado por la enorme operación de limpieza para retirar los restos de barricadas y contenedores de basura incendiados por miles de manifestantes que chocaron con policía antimotines el martes por la noche.
Las protestas pacíficas de la tarde se volvieron agresivas en Barcelona y otras localidades. La policía barcelonesa estimó que unas 40.000 personas abarrotaron las calles cerca de la Delegación de Gobierno española, donde hubo choques entre policía y manifestantes cuando la gente retiró las barreras metálicas y lanzó objetos a la policía.
Los agentes, superados en número, emplearon balas de espuma, porras y escudos para enfrentarse a grupos que les lanzaban piedras, petardos y otros objetos.
El Ministerio del Interior informó de 54 heridos entre los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana, y 18 en la Policía Nacional.
La policía hizo 29 detenciones en Barcelona, la capital de la región, durante una batalla campal en las calles el martes por la noche. Los manifestantes prendieron fuego a unas 150 barricadas en las calles, según el Ministerio.
También hubo episodios de violencia en otras localidades de Cataluña, que ha experimentado un auge en el sentimiento separatista en la última década. En torno a la mitad de sus 7,5 millones de habitantes está a favor de la independencia, mientras que la otra mitad se opone, según los sondeos.
El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, que afronta elecciones generales el 10 de noviembre, tenía previsto reunirse el miércoles con los líderes de los principales partidos de la oposición para comentar la situación en Cataluña.
“Firme y rotunda condena a la violencia que busca romper la convivencia en Cataluña”, escribió Sánchez en Twitter, expresando “todo nuestro apoyo” a las fuerzas de seguridad.
Varios independentistas destacados, como Gabriel Rufián, diputado en el Congreso español, hicieron una llamada a la calma.
“No hay ninguna idea (…) que justifique la violencia”, dijo Rufián a la emisora de radio SER.
Sin embargo, el presidente regional de Cataluña, Quim Torrá, independentista acérrimo y que ha alentado la desobediencia civil, aún no ha condenado de forma específica la violencia callejera.
“Hacemos un llamamiento al señor Torra para que condene los incidentes violentos”, dijo a los medios la portavoz del gobierno español, Isabel Celaá. “(Expresamos) todo nuestro respeto por manifestaciones pacíficas (…) pero no a cortar las vías de comunicación, no a altercados violentos como los que vimos ayer”.
La mayoría de los asistentes a las protestas respondía a una convocatoria en internet de Tsunami Democratic, un opaco grupo de base que utiliza aplicaciones de mensajería cifradas para organizar actos de desobediencia pacífica. Las autoridades españolas investigan al grupo, según dijo el miércoles el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.
Las protestas comenzaron el lunes después de que el Tribunal Supremo español anunciara su fallo sobre el juicio a 12 líderes de un intento fallido de secesión por parte del gobierno regional de Cataluña.
Nueve de los 12 políticos y activistas fueron condenados por sedición y recibieron condenas de entre nueve y 13 años de prisión. Además, cuatro fueron condenados por malversación de fondos públicos. Los otros tres fueron multados por desobediencia.
El veredicto desencadenó las protestas del lunes, que terminaron cuando miles de personas intentaron paralizar el aeropuerto de Barcelona. Varios vuelos fueron cancelados y el transporte al aeropuerto quedó cortado durante varias horas mientras la policía chocaba con manifestantes delante de la terminal principal.
