La discriminación arbitraria según la Ley 20.609 que señala, “como distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre DDHH ratificados por Chile” y que se refieren a motivos de origen racial o étnico, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología y opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad”.
Al respecto recientemente, Fundación Ronda, organización sin fines de lucro, realizó una encuesta realizada a 5.608 personas pertenecientes a distintas empresas de rubros tales como, industrial, servicios financieros, construcción, retail, hotelería y turismo, entre otros, con un rango etario de la muestra que fluctúa en tramos desde los 18 años, terminando en 60 años y más, reveló que muchos trabajadores se sienten discriminados dentro de la empresa en la que trabajan por el cargo que ocupan (20%), su situación socioeconómica (15%) y por su apariencia física (12%).
María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda, señala que “una de las conclusiones que nos sorprendió fue observar que las personas que tienen una percepción de discriminación al interior de sus empresas, no solamente son las que el colectivo de nuestra sociedad entiende que son discriminadas, como por ejemplo persona migrante, persona con discapacidad, personas parte de la comunidad Lgbti, etc”.
Pese a lo anterior, 73% del total de la muestra, manifestó que la diversidad e inclusión “sí” son temas relevantes dentro de las empresas en las que trabajan. Al consultar a los colaboradores sobre qué grupo se debería priorizar en el plan de diversidad e inclusión se señaló en primer lugar a personas en situación de discapacidad (29%), seguido por los mayores de 60 años (19%) y en tercer lugar a personas migrantes (14%).
Discriminación por discapacidad
El análisis también hace un zoom en la percepción a los distintos grupos de personas que históricamente han tenido barreras de acceso en nuestro país, como es el caso de las personas con discapacidad.
Del total de encuestados, 247 dicen estar en situación de discapacidad, y declaran sentirse discriminadas, principalmente por su situación socioeconómica (17%) y por su apariencia física (15%), más que por su discapacidad (12%). Dentro de las personas que afirmaron tener o sentir discapacidad, el rango etario que más predomina es el de personas mayores, sobre 60 años (6,4%), lo que refleja que a medida que aumenta la edad, también aumenta el número de colaboradores en esa situación.
Respecto a la educación, es el nivel básico y media completa el que concentra mayor porcentaje de personas en situación de discapacidad, mientras que, en el nivel de educación superior, el 5,6% corresponde a este grupo, lo que demostraría el poco acceso que tiene las personas con discapacidad a formación profesional y técnica versus el 94% de personas sin discapacidad que tienen nivel de educación superior.
En tanto, al ser consultados sobre si los a procesos de gestión de personas de la empresa, están adaptados a su situación de discapacidad, un 57% de los encuestados respondió que estaban implementados. En tanto, un 43% señaló que “no” existe una adaptación de políticas internas en temas de inclusión dentro de las organizaciones.
En este contexto, Escudero asegura que es necesario transformar la mirada respecto a la diversidad, pero «entendiendo que nuestra sociedad discrimina por cosas tan básicas como dónde nacimos, dónde estudiamos o cómo somos físicamente, por lo que es necesario atreverse e ir un poco más profundo, para provocar un cambio cultural concreto en nuestra sociedad desde su ADN».
