La ex presidenta Cristina Fernández fue autorizada por el juez a no acudir al juicio en su contra, que se retomará el próximo lunes, si logra demostrar que tiene ocupaciones en el Senado que se lo impiden.
De no poder demostrar lo solicitado, deberá acudir a la sala tal como lo hizo el martes pasado.
Fernández enfrenta una serie de juicios por acusaciones de corrupción, no obstante, sigue siendo una persona tan popular como divisiva en Argentina.
En el primer proceso, que se espera dure en torno a un año, Fernández está acusada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado concediendo de forma ilegal contratos de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz durante su mandato presidencial, entre 2007 y 2015.
La fiscalía alega que unos 50 de esos contratos de infraestructuras beneficiaron a Lázaro Báez, un empresario cercano a Fernández y a su fallecido marido, Nestor Kirchner, que también fue su predecesor en la presidencia. Los fiscales también afirman que se asignó a Báez una cantidad desproporcionada de obras en la provincia, varios proyectos registraron sobrecostes y muchos nunca se terminaron.
Fernández, de centroizquierda, ha negado las acusaciones y descrito el juicio como una cortina de humo política. Ella acusa al gobierno de su sucesor, el conservador Mauricio Macri, de perseguirla con la esperanza de distraer a los votantes de los problemas económicos de Argentina y socavar su popularidad.
Hace poco sorprendió a muchos al anunciar que se presentará como candidata a la vicepresidencia, en lugar de a la presidencia, en los comicios de este año.
