Mientras debe pasar por su último trámite en el Senado, los bancos hacen saber su molestia. Y es que el sector critica con fuerza la iniciativa que busca hacerlos responsables de los fraudes con tarjetas que afecten a sus clientes.
Mediante una declaración, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) se refirió a esta iniciativa, afirmando que «la regulación de servicios financieros debiese velar por el principio de que el oferente provea servicios seguros y, el consumidor, sea responsable de usar adecuadamente dichos servicios«.
En ese sentido, la entidad apunta a que la banca solo debe responder «en aquellos casos en que sean negligentes en la prestación de los servicios», mientras que los clientes deben ser responsables «cuando no los utilicen apropiadamente o cuando no sean diligentes en el cuidado de sus claves o dispositivos», cosa que acusan no se plasma en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
El gremio acusa que la iniciativa «consagra una verdadera presunción de derecho de la responsabilidad en contra de los bancos, obligándolos a pagar los cargos o restituir los fondos correspondientes a fraudes dentro de los siete días hábiles siguientes al reclamo, sin atender a las circunstancias que originaron dicho fraude, no distinguiendo la responsabilidad que le compete al cliente, al banco o a los demás intervinientes del sistema de pagos».
En su crítica, la Abif va más allá y acusa que este proyecto «vulnera el derecho constitucional al debido proceso, la presunción de inocencia y otras garantías constitucionales» e «impidiendo que un conflicto legítimo pueda ser resuelto por los tribunales, afectando, de esta manera, el derecho a un procedimiento justo».
Así el gremio bancario asegura que se «rompe los equilibrios en el sistema de pagos y establece un marco atípico a nivel internacional». Añaden que de aprobarse como está, «las consecuencias directas serán un retroceso en el desarrollo de la industria financiera y de los medios de pago hacia la provisión de servicios transaccionales que permitan avanzar hacia una economía sin efectivo, siendo estos cambios contrarios al marco constitucional del país y afectando en definitiva el desarrollo de los mercados financieros».
