El presidente Jair Bolsonaro le pidió el lunes al Ministerio de Defensa que organice conmemoraciones de la dictadura militar en Brasil que comenzó el 31 de marzo de 1964 y se extendió durante dos décadas.
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El mandatario derechista aprobó la agenda que le presentó el ministerio y pidió que se “hagan las conmemoraciones correspondientes” el 31 de marzo, dijo Otavio Rego Barros, portavoz gubernamental.
Bolsonaro, ex capitán del ejército, llegó a decir que «el error de la dictadura fue torturar y no matar». Ha sido siempre un férreo defensor del régimen militar brasileño y desde que llegó al poder en enero ha reivindicado también a otras dictaduras militares en Latinoamérica en los años 70′ y 80′, como la del paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989) y la del chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Previo a su visita a Chile la semana pasada, el izquierdista Frente Amplio de Chile instó al presidente Sebastián Piñera a declarar persona “non grata” a Bolsonaro, por considerarlo responsable de un “discurso de odio” que alienta la discriminación.
La organización Comisión Funa desplegó una pancarta donde se lee «Fuera Bolsonazi. Marielle Franco vive». «Ante la visita de los presidentes fascistas a la cumbre PROSUR, realizamos una acción relámpago en la histórica embajada de Brasil en Chile, aunque sabemos temporalmente que la embajada está funcionando en Av. Apoquindo», publicaron en su página de Facebook.
En 2016, mientras votaba en el juicio político de la presidente Dilma Rousseff , víctima de torturas durante la dictadura, Bolsonaro dedicó su voto a un coronel que encabezaba una unidad que efectuaba torturas.
Como mandatario ha nombrado a varios ex generales a puestos en su gobierno.
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En su breve anuncio, las autoridades no proporcionaron detalles de las conmemoraciones.
La dictadura de dos décadas
En 1964 el presidente Joao Goulart fue derrocado por militares, quienes instituyeron en Brasil una dictadura que se extendió hasta 1985. Según la Comisión Nacional de la Verdad durante esos años que se extendió la dictadura hubo 434 asesinatos cometidos por cuerpos represivos, así como centenares de detenciones arbitrarias y de opositores torturados. Según documentos estadounidenses desclasificados el año pasado revelaron que la eliminación de disidentes se decidía en el palacio presidencial.
Sin embargo, una ley creada en 1979 y ratificada en el 2010 ha impedido que los responsables de estos actos sean juzgados en Brasil. Tal como denunció Human Rights Watch en el 2014, unos 200 agentes estatales que perpetraron diferentes violaciones a los derechos seguían vivos e impunes.
Aunque la dictadura fue menos cruenta que en la vecinas Argentina y Chile, que sumaron decenas de miles de muertos, implicó la suspensión de las libertades, una represión sistemática y una política de Estado para eliminar a los oponentes políticos, según la Comisión de la Verdad.
