La migración es un fenómeno global que ha existido a lo largo de toda la historia. Sin embargo, en los últimos años se ha acrecentado en Latinoamérica. Junto a este ímpetu de movilidad humana, han surgido miedos y aprehensiones de ciertos grupos, que muchas veces han mal informado a la población.
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«Existe una fuerte. discriminación hacia el migrante. Muchas veces se le culpa del colapso de servicios que en nuestro país ya tenían problemas, antes de que este fenómeno sobrara fuerza. Culpar a los migrantes es la salida más fácil», explicó a Publimetro, el sociólogo e investigador de Espacio Público, Manuel Arís Alonso.
Discriminación: no colapsan nuestros servicios, ya estaban colapsados
En esta línea, desde el centro de estudios de Espacio Público evaluaron a distintos países de América Latina y sus políticas aplicadas. El punto clave del estudio es que diferencia entre aquellas medidas centradas en regularización migratoria.
Como por ejemplo el acceso a visas, de aquellas que tienen una relación más directa con el acceso y el resguardo de derechos humanos.
En esta segunda categoría podemos encontrar políticas públicas enfocadas al acceso a la educación, salud, vivienda, entre otras.
En ese sentido, Arís destaca que «hay una idea falsa en Chile respecto a que los servicios públicos están colapsos por los migrantes».
Críticas sobre filas en los consultorios o falta de cupos en jardines Junji o colegios municipales, caben en esta categoría.
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«Finalmente el tema es al revés, muchos migrantes aportan al servicio de salud pública, pero su acceso no se encuentra garantizado», añade el especialista.
La realidad en Latinoamérica
Para el estudio se consideraron las realidades de Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Brasil. En aspectos generales, uno de los mejor evaluados fue Brasil. Principalmente en la arista de regularización.
En Brasil se le asegura a la población migrante las garantías a efecto de la regularización, como también se promociona una entrada regular, estableciendo mecanismos de obtención de visa desde antes de ingresar a territorio nacional.
Como también la regularización estando en territorio nacional, y además se puede optar a transformación en la calidad migratoria sin tener que abandonar el país.
Existen distintos tipos de visas, incluyendo una humanitaria, las cual es diferente a la de refugiado, y además se otorgan permisos de trabajo en los distintos tipos de visas, pero también se observa que no hay una clara distinción entre las visas diplomáticas y oficiales.
También cabe destacar que migración irregular no es criminalizada, y si se detecta una persona en estado irregular se le conmina a que regularice su situación en un plazo de 60 días.
La deuda pendiente de Chile
«Con el plan del Gobierno para ‘Ordenar la casa’, con los vuelos de regreso, lo único que se va a lograr es aumentar la migración irregular», añade Manuel Arís.
Según el sociólogo y magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado, «para tener una migración regulada se deben considerar las distintas realidades, tener flexibilidad, evaluar caso a caso».
«Además de considerar las limitaciones como barreras idiomáticas, realidades familiares y otros», añadió.
Respecto a la realidad migratoria de Chile, en ambas aristas (regulación y derechos), según el estudio «con su legislación vigente es el país de peor rendimiento en ambos ejes.
En regularización se puede considerar a Chile como portadora de una regulación mediocre, y en el eje de análisis relativo al reconocimiento de derechos se puede se pueden constatar resultados preocupantes».
Chile resultó ser el país latinoamericano peor evaluado en políticas de inmigración, según el estudio
Derechos abandonados
En «derechos» la situación es aún peor. El estudio señala que «la legislación chilena, en cuanto a derechos, incumple el estándar de que existe una declaración general que reconozca los derechos de las personas migrantes».
«Todo el reconocimiento de sus derechos se ha realizado mediante la correcta aplicación de la Constitución y de los Tratados Internacionales», continúa.
«No hay un principio de igualdad y buen trato en la legislación migratoria, ni menos se establecen derechos específicos para los migrantes, ni se reconocen especiales vulnerabilidades interseccionales», señala el texto.
«No hay reglas que promuevan la participación ciudadana y no se reconoce como tal ningún derecho fundamental social explícitamente a nivel legal. Por supuesto, en este estado de cosas tampoco hay espacio para la interculturalidad.
La ley chilena así, más que una ley de migración es una ley propiamente de extranjería. Se preocupa de la entrada y salida, pero no de la estadía de las personas», especifica el estudio.
Evaluación desde las fundaciones
El Servicio Evangélico Migrante y el Servicio Jesuita Migrante son fundaciones sin fines de lucro que en los últimos años han tenido un rol muy activo en este fenómeno.
Principalmente se han encargado de guiar y asesorar a distintos grupos migrantes que llegan a Chile buscando reconstruir sus vidas junto a sus familias.
Servicio Evangélico Migrante
Perla Scappini, directora ejecutiva del Servicio Evangélico Migrante, señaló a Publimetro que en su experiencia «el acceso a servicios en general viene limitado por la falta de información y por el miedo a consecuencias negativas en caso de encontrarse irregular».
«Ello se ve de forma más explícita en el acceso a la salud, pues pese a la cobertura universal en caso de urgencias, muchos tardan en acceder a la salud pública, por no contar con documentos de identidad chilenos», añadió.
Respecto al acceso a la vivienda, Scappini señaló que «se encuentra absolutamente limitado para los migrantes, lo que tiene lógica dada la inversión estatal; sin embargo, para acceder a arriendos, el mercado impone requisitos mucho más altos que a los nacionales, y en caso que se logran sortear los requisitos, regularmente se les cobra un canon superior al estándar de mercado».
Servicio Jesuita a Migrantes
Por su parte, Juan Pablo Ramaciotti, director de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló a Publimetro que «quienes llegan a Chile muchas veces se encuentran con barreras administrativas, sociales y culturales que dificultan su integración».
«Esto se traduce en trabas para regularizar su situación migratoria y tener un RUT, dificultad para informarse por no saber español o por deficiencias de los canales de información, prejuicios y discriminación por una parte de la población chilena y abusos en distintos ámbitos», añadió.
Según Ramaciotti, estas barreras provocan que muchas personas migrantes no puedan acceder a un empleo formal, no reciban adecuada atención de salud, no sean incluidas de buena manera en liceos y colegios, y deban arrendar viviendas precarias a precios abusivos.
«Sin embargo, no en todas partes hay prejuicios y discriminación: en el trabajo que hacemos en el SJM hemos visto que donde comparten y conviven personas chilenas y migrantes la regla general es que se construyen relaciones positivas, que aportan tanto a chilenos como extranjeros», agregó.
