La pensión básica en Chile actualmente es de 107.304 pesos. Y mas de 46 mil de ellos tiene una deuda sin pagar que supera en más de cinco veces ese valor.
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Ese es uno de los llamativos datos que reveló el XXIII Informe de Deuda Morosa, correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (oct. – dic.), elaborado por la Universidad San Sebastián (USS) con información de Equifax, que indicó que 4.529.480 personas están en situación de morosidad a nivel nacional, aumentando 3% con respecto a igual período el año 2017.
El economista y director del Centro de Economía Aplicada de la USS, Francisco Aravena destaca que una estabilización en la tasa de crecimiento del número de morosos, aunque subraya que el incremento de 10% anual en el monto de la deuda no pagada que llegó hasta $1.725.180, preocupa. “Lo que podemos concluir es que la mora de las personas que ya están morosas ha ido creciendo cada vez más”, alerta.
Pero si a nivel general el número permanece sin mayores cambios, el segmento de los mayores de 65 años que reciben la pensión básica tuvo un aumento no menor de 8,8% en el mismo periodo. Y peor aún, su deuda promedio sin pagar es de $716.334, registrando un aumento de 10,7%, mayor a la subida de 7,9% de 2017 y del 0,4% de 2016.
“Lo anterior es preocupante porque el acceso a deuda, en el caso de los adultos mayores, es mucho más costoso y utilizan sus ingresos para comprar medicamentos y costear sus temas médicos, entre otros, necesarios para poder subsistir”, recalcó Aravena.
¿Qué explican estos datos tan preocupantes? Segio Tricio, gerente general de Ruvix subraya que este es un grupo de la población más frágil, “por los ingresos que perciben, lo que aumenta su riesgo de crédito y en consecuencia los intereses que les cobran”.
En ese sentido, el experto en finanzas personales dice no extrañarle “que con ese nivel de ingresos y acceso a deuda cara, sea una mezcla perfecta para ver incrementos constantes en los niveles de morosidad”.
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Limitar el crédito
Los adultos mayores no son sujeto de crédito en la banca tradicional, por ello son otras las instituciones que le otorgan el acceso a préstamos a este segmento de la población. ¿Debiera regularse para acotar este creciente morosidad?
Es lo que considera Tricio. “En mi opinión, debería existir mayores restricciones para el otorgamiento de créditos a este segmento de la población y en donde tienen un rol importante las cajas de compensación”, apunta.
Por su parte, el economista Jorge Martinez Lubiago, CEO de Plan de Vida, plantea que aplicar limitaciones puede ser un arma de doble filo, ya que dice que « si decidiéramos cortar el espacio para deudas de alguien, y necesitase comprar remedios, pagar sus cuentas, contribuciones o financiamiento para gastos de primera necesidad, seguramente estaríamos atentando contra su calidad de vida, sin perjuicio que el tramo para deudas haya sido usado irresponsablemente».