A pocos meses de que explotara el escándalo por la situación ambiental de Quintero y Puchuncaví, este lunes, el Presidente Sebastián Piñera y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Smith, presentaron el proyecto para la Ley de Delitos Ambientales.
En La Moneda, el mandatario firmó el proyecto que, según él, busca prevenir situaciones similares, donde se termine afectando a la sociedad por el mal actuar de personas y empresas. «(Se trata de una) legislación que nos obligue a prevenir , a hacer diagnósticos de los peligro ambientales, a hacer planes para prevenir los riesgos y para aquellos que no los cumplan, requerimos en nuestra legislación un mecanismo sancionatorio», explicó Piñera.
El proyecto se enviará hoy al Congreso y en él se busca establecer mecanismos preventivos ante el daño ambiental. Entre ellos, que todas las empresas tengan un diagnóstico de los riesgos, además de un plan de acción plenamente definido.
En esa línea, explicó el Mandatario, «éste proyecto establece una sanción penal para aquellos que produzcan daños ambientales de carácter grave y en algunos casos irreparables. Las sanciones van a ser civiles, a través de multas o en los casos más graves con condenas penales y quedar privados de libertad», afirmó.
La Ley de Delitos Ambientales, además, pretende otorgarle mayores atribuciones a la Superintendencia del Medio Ambiente para supervisar directamente los diagnósticos y planes preventivos de las empresas.
Lo más llamativo, y precisamente inspirado en la anterior polémica con la zona costera de Quintero y Puchuncaví, donde los dardos apuntaron a la empresa estatal Enap, es que la ley define dos nuevos delitos no tipificados en nuestra legislación: el de obstrucción a la fiscalización y el de entregar información falsa a la superintendencia.
Cabe recordar que la ley de delitos ambientales iba a ser presentada en noviembre del año pasado, pero varias discusiones lo retrasaron hasta enero.
