A pesar de ser un país lleno de encantos, samba y mucha alegría; el crimen organizado en Brasil es un problema que ha enfrentado durante muchos años.
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Incluso, uno de los temas principales que expuso Jair Bolsonaro, en sus propuesta de campaña, era el de la seguridad pública que se basan en combatir el crimen organizado y los crímenes violentos. Por lo que una de sus promesas era flexibilizar el porte de armas.
Sin embargo, a pesar de haberle dado carta blanca a su ministro de Justicia, Sergio Moro, para combatir el crimen; el nuevo presidente brasileño ha enfrentado desde hace dos semanas ataques a tiros y con bombas incendiarias en el Estado de Ceará, ubicado al noroeste del país.
Donde bandas criminales siguen sembrando el desorden y el pánico en 46 ciudades de Ceará, pese al despliegue de por lo menos 300 miembros de la Fuerza Nacional de Policía.
Según las autoridades, estas bandas que forman parte de grupos de crimen organizado, han ordenado la ola de violencia en represalia por los planes de gobierno de imponer controles más estrictos en las prisiones del estado.
De acuerdo a la ONU el crimen organizado se forja por grupo de tres o más personas, que se han reunido con intenciones para cometer delitos con el fin de obtener -directa o indirectamente- beneficios financieros o material.
Las expresiones del crimen organizado más conocidas en Brasil son el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, grupos paramilitares (conocidos como milicias), la trata y el tráfico de personas además de tráfico de madera y animales, según un informe del Centro Internacional Wilson Center, que aborda problemas globales de la comunidad política.
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Las organizaciones criminales en Brasil
Tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales operan organizaciones del crimen organizado. Sin embargo estas tienen una prevalencia en las zonas urbanas, resalta el estudio.
Pandillas criminales como el Primer Comando Capital (PCC), que se origina en Sao Paulo, los Comandos (originarios de Rio de Janeiro) y el Jogo Bicho; que es ampliamente conocido en el país, son las más grandes organizaciones criminales que operan en Brasil. Estas se han involucrado cada vez más en el narcotráfico internacional, así como en esquemas de extorsión y bandas de secuestrados.
Adicionalmente, de acuerdo a Insight Crime, fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica; las milicias, compuestas en su mayoría por policías, son otra fuente de crimen violento, extorsionando a barrios enteros y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales.
Debido a las características geográficas de Brasil, las organizaciones criminales han podido sacar un destacado provecho del tráfico de drogas, tanto para su exportación como para el consumo local.
Posición del gobierno: permitir el porte de armas de fuego
Ante este panorama de violencia, Bolsonaro también ha sostenido relajar la tenencia de armas para combatir este mal. Y que este martes se volvió un hecho ya que que firmó el decreto.
De esta manera se reducen las restricciones para el registro, compra y posesión legal de armas de fuego en Brasil.
Sin embargo, el analista en derechos Humanos, Daniel Cerqueira, declaró que el plan de Bolsonaro de un combate frontal a la delincuencia podría resultar contraproducente.
“No me cabe duda de que dará lugar a mayor violencia”, advirtió a InSight Crime. “Esta ha sido la historia de Brasil durante los últimos 40 años”.
Por su parte el decreto firmado por Bolsonaro incluye entre los motivos de “efectiva necesidad” a los “residentes de áreas rurales” y los “residentes en áreas urbanas con elevados índices de violencia”, con una tasa de homicidios mayor a 10 por cada 100.000 habitantes.
«Flexibilizar las restricciones sobre el porte de armas no solo daría más poder de fuerza letal en manos de una sociedad que ya reporta más homicidios anualmente que cualquier otro país del mundo, sino que también permitiría la expansión del mercado negro de armas de fuego, una fuente de ingresos ilícitos para el PCC», resalta el artículo de InSight Crime.
En Brasil, uno de los países más violentos del mundo, la tasa media es de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El decreto entrará en vigor inmediatamente después de que sea publicado en el Diario Oficial de la Unión, sin tener que pasar por el Congreso Nacional, explicó a la AFP una fuente de la Casa Civil.
