La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades que incluyen conflictos de interés y millonarios sobrepagos en 34 municipios del país sobre contratos de servicios de aseo realizados en 2016.
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Las auditorías —que comprendieron 14 regiones— se enfocaron en la contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y de barrido de calles bajo la tutela municipal en el período 2016.
En concreto, el informe consolidado N° 502 de este año arrojó que en las auditorías realizadas se detectaron 937 observaciones, de las cuales el 33,72% se catalogó como “altamente complejas”, considerando su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial y eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas.
Entre las falencias se establecieron renovaciones sucesivas de contratos de concesiones sin que se efectuaran las convocatorias públicas correspondientes, aumentos injustificados por $754.052.794 en los valores de los contratos y conflictos de intereses, ya que contrataron empresas pese a que los socios eran parientes de autoridades municipales.
Otras anomalías que detalla el documento, elaborado por la División de Auditoría, se refiere a deficiencias en pagos a los establecidos en contratos y por prestación de servicios no efectuados por $727.939.244.
En esta línea, la Contraloría también objetó pagos en exceso por $388.188.082, originados por un mal uso de la base de cálculo y método de aplicación de reajustes.
También se observaron $762.210.608 en pagos mal efectuados del bono a trabajadores de las empresas concesionadas, donde se determinó, igualmente, que el personal no cumplía la calidad de las funciones y que había trabajadores que se desempeñaban en otras comunas.
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Sanciones
Otro aspecto señalado por la Contraloría es que los municipios dejaron de percibir otros $ 383.029.459 en ingresos, debido a la falta de detección y cobro a los contribuyentes que tienen sobreproducción de basura.
Asimismo, se advirtieron incumplimientos de contratos que afectan directamente al entorno de la comunidad, como la presencia de microbasurales en áreas concesionadas, el no retiro de podas de especies vegetales y la falta de implementación de contenedores y puntos limpios ofertados por los concesionarios.
El informe consolidado también incorpora un resumen de las acciones que efectuó la Contraloría a raíz de las observaciones encontradas. Entre ellas se destaca la realización de 30 procedimientos disciplinarios en 26 municipios.
Además, se llevó a cabo un reparo por $29.590.392, se hicieron cinco solicitudes de reintegro por $46.566.641 y se pidió acreditar en 37 ocasiones ingresos por $9.554.060.635 y gastos por un total de $1.764.186.571.
