Las estafa telefónicas este 2018 ha ido mutando, a la par que el conocimiento de las personas sobre los distintos “cuentos del tío” que se utilizan, así como también las medidas de seguridad de los bancos. Sin embargo, según las cifras de la PDI, esto no ha sido suficiente para calmar los intentos de algunas personas por cometer este tipo de delitos. Las denuncias recibidas por la policía civil entre enero y octubre de 2018 superan en un 42,5% a aquellas ingresadas en todo 2017.
En total, el año anterior fueron 388 denuncias por hechos de esta naturaleza, mientras en los primeros diez meses de 2018 estas ya alcanzaron los 553 casos.
De acuerdo a lo señalado por inspector Rodolfo Jiménez de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, a La Tercera, el aumento en las cifras “refleja lo abordado por las campañas de educación que se han hecho. Antes, la gente no denunciaba este tipo de estafas. Pero hoy, hasta los bancos exigen que así ocurra, para que comiencen a operar los seguros”.
No obstante, Jiménez lamenta que pese a la difusión masiva de estas prácticas delictuales “las personas continúan cayendo en el cuento”. Ello, dice, ocurre principalmente por el cambio en el discurso de estos delincuentes.
Según relató, la forma de operar ha ido cambiando. En 2005, los estafadores hacían comprar tarjetas de prepago por haber ganado un supuesto concurso. Después, derivaron en familiares en apuro que necesitaban dinero. Luego, se hacían pasar por protagonistas de accidentes con alguien de sus cercanos, que requerían dinero para cubrir los daños y así evitar que la situación pasara a mayores. En la actualidad, dice Jiménez, la estafa está más ligada a ventas por Internet.
“La prevalencia del delito ocurre porque estas personas no arriesgan mucho. La ley los castiga con una pena de presidio menor, que puede llegar hasta 5 años y un día. Pero depende del monto defraudado, y el delincuente siempre intenta no superarlo”, indicó.
Desde la cárcel
Sin embargo, hay coincidencia en que estos delitos surgen principalmente desde las cárceles, debido, en principio, al tiempo libre que tienen los reos y al acceso a teléfonos.
Por ello, el diputado RN Gonzalo Fuenzalida presentó un proyecto de ley que pretende obligar a las empresas telefónicas y de Internet a implementar las medidas necesarias para bloquear la señal de servicio móvil al interior de todos los recintos penitenciarios.
“Ha quedado demostrado que algunos reos siempre buscan métodos novedosos para lograr ingresar teléfonos, lo que finalmente repercute en la conocida estafa ‘cuento del tío’, donde nadie se hace responsable y las víctimas quedan completamente desamparadas”, señaló el parlamentario.
Aseguró que “con este proyecto, traspasando a los privados la obligación de evitar las señales en cárceles y recintos penitenciarios, es decir, asignando una responsabilidad, se acabará todo tipo de actos delictuales desde las prisiones hacia el exterior”.
