Ya se cumplieron dos meses desde la promulgación de la ley que le entrega nuevas facultades al Sernac para resguardar los derechos de los consumidores. Sin embargo, tras su tortuoso trámite legislativo, se acusó que finalmente el organismo quedó como un “león sin dientes” o, al menos, no con los comillos tan afilados.
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En este escenario es que la semana pasada, la comisión para el Desarrollo Integral le hizo entrega al presidente Piñera de 100 propuestas en una serie de ámbitos como la productividad, modernizar el Estado o reducir la pobreza. El informe presentado incluye un capítulo dedicado a aumentar la competencia y reforzar las regulaciones proconsumidor.
“La libre competencia y la defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos son dos caras de una misma moneda que no se pueden entender por separado”, dice parte del diagnóstico del documento el que, a falta de una bajada más concreta en las propuestas, los expertos califican de correcto, pero insuficiente.
“Sostener, por ejemplo, que la libre competencia es condición necesaria para el buen funcionamiento de una economía de mercado competitiva es algo obvio (…) Chile requiere de bastante más en la materia; necesitamos una competencia libre, suficiente y leal”, sostiene el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Julio Alvear.
“Quedan cortas para solucionar los problemas reales de los consumidores y evitar esa sensación de abuso o falta de protección”
Opinión similar tiene Felipe Bravo, académico de derecho económico de la Universidad Católica, quien estima que las propuestas hechas en el informe , “quedan cortas para solucionar los problemas reales de los consumidores y evitar esa sensación de abuso o falta de protección”.
Servicios públicos al Sernac
Concretamente son diez las propuestas hechas en este ítem, una de las cuales plantea el “ampliar el concepto de defensa de los derechos del consumidor a los servicios públicos que recibe la ciudadanía”. Es decir, que las personas se puedan quejar ante el Sernac por una falta del registro civil o Fonasa, por ejemplo.
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“La ley de protección al consumidor debería aplicarse también a estos casos, por supuesto. Por ejemplo, si un carnet de identidad tiene un defecto en su fabricación – como ocurre con los chips del carnet que se deterioran – por supuesto que tienen derecho los consumidores a ejercer sus derechos”, subraya Bravo.
Otra cosa que se propone en el documento presentado por la comisión es “facilitar la libre movilidad de los consumidores, por ejemplo, facilitando la entrada y salida de contratos y imponiendo multas a las empresas como se les aplica a las personas cuando hay incumplimiento”.
Al respecto, el académico de la UDD, indica que si bien hay que revisar los problemas caso a caso, sí considera que “en nuestro país, las grandes empresas se acostumbraron a colocar barreras jurídicas y fácticas para impedir o perturbar la ‘salida’ de los contratos, ‘amarrar’ a los clientes, a los consumidores, como si éstos fueran parte de su inmobiliario”.
Otro mecanismo que se plantea como solución para los consumidores es llevar la portabilidad, tan exitosa en los celulares, a otros mercados, como el financiero, algo que el Gobierno ya dijo que se está trabajando en los créditos hipotecarios.
El académico de la UC dice que se puede llevar a cabo una política así, pero advierte que no es necesariamente la solución para una mayor competencia que beneficie a las personas. Por ejemplo, en el mercado de la televisión por cable aún existen problemas de cableado en ciertas zonas que hicieron necesario dictar una ley para facilitar el acceso de nuevas compañías. En otras ocasiones, en cambio, la ley hace difícil el cambio de proveedor, por ejemplo, en el mercado de las isapres”, menciona Bravo.
