Por 33 votos a favor y 1 en contra, el Senado aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Aula Segura, rebautizado Aula Democrática, que fortalece las facultades de los directores de establecimientos –tanto públicos como privados- en materia de convivencia escolar.
De este modo, la iniciativa que cuenta con urgencia de discusión inmediata, es decir de 6 días para ser tramitada por cada rama legislativa, quedó en condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Cámara de Diputados.
Con el resguardo del debido proceso, el proyecto establece la facultad de los directores de establecimientos de expulsar a cualquier miembro de la comunidad escolar que incurra en infracciones graves y gravísimas, tales como el abuso sexual, agresiones o porte de armas. Previamente, como medida precautoria, se aplicará la suspensión.
El acuerdo se alcanzó luego de un arduo debate, en menos de un mes, en las Comisiones de Constitución, Educación y Hacienda donde se realizaron rondas de audiencias públicas con unos 40 invitados entre organizaciones, académicos, investigadores y autoridades.
Los senadores Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la Comisión de Hacienda, y Yasna Provoste (DC), presidenta de la Comisión de Educación, dieron cuenta del arduo debate y de los acuerdos alcanzados. Asimismo recordaron que previamente, por acuerdo de la Sala, la Comisión de Constitución emitió un pronunciamiento respecto al debido proceso.
El senador Alejandro Guiller (Ind.) lamentó que el debate de este proyecto «paradójicamente se haya realizado en un ambiente que deja mucho que desear en materia de convivencia» y pidió al gobierno respeto en sus críticas hacia la oposición.
El senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, quien votó en contra, recordó que “todos los expertos coincidieron en que las medidas de expulsión son contraproducentes y no contribuyen a disminuir la violencia”. Afirmó que le parece «sui generis abordar en Hacienda temas de educación».
El senador Jaime Quintana (PPD) recordó que este proyecto es muy distinto al que ingresó al Senado como Aula Segura. «Se nos acusó de bloqueo y obstrucción pero la verdad es que el Congreso debe tomarse los tiempos necesarios para abordar materias complejas», dijo.
A su turno, la senadora Provoste afirmó que “me opuse desde el primer momento, porque tengo convicciones democráticas y se partía de una premisa punitiva y solo se refería a hechos cometidos por alumnos», cuando lamentablemente los hechos de violencia se cometen entre adultos (padres apoderados hacia profesores) y también de adultos a estudiantes.
El senador Letelier destacó el proceso de construcción de un proyecto y señaló que «el debate ha sido sobre procedimientos para mejorar la convivencia escolar y enfrentar hechos graves de violencia”. Asimismo “lamentó el clima brutal que se generó» y valoró que «afortunadamente se abandonaron las caricaturas”.
Desde la mirada del gobierno, los senadores oficialistas defendieron la necesidad de ponerse del lado de las víctimas. El senador José García Ruminot (RN) ratificó que “frente a hechos gravísimos no puede el Congreso hacer como si nada” y no dotar de una herramienta eficaz para “erradicar de nuestras aulas la violencia extrema”.
Argumentos similares fueron esgrimidos por el senador Felipe Kast (Evópoli), quien enfatizó que en aula debe primar el respecto y un ambiente de paz; asimismo valoró el destrabe del proyecto, “me alegro que se dé una señal al país de que en el Senado se conversa”.
Asimismo, la senadora Ena Von Baer (UDI) aclaró que el proyecto original establecía que las medidas de expulsión solo se podían aplicar si estaban descritas en el reglamento interno “y el acuerdo establece las causas en la ley”, entre otras, agredir fiscalmente a un miembro de la comunidad educacional o a terceros, una agresión sexual, lesiones; uso, porte, posesión o tenencia de armas o artefactos incendiarios y situaciones que afecten la infraestructura”.
Los legisladores del sector valoraron que se podrá “suspender” cuando se inicie un proceso sancionatorio que lleve a la expulsión y enfatizaron que “la violencia no tiene espacio en nuestros colegios”. Finalmente, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, agradeció el acuerdo alcanzado porque para el Gobierno se trata de una ley «necesaria y urgente».
