Como gran parte de los universitarios de Chile, este martes César Soto (23) calmó su hambre de la forma más rápida que encontró: junto a una amiga adquirió una promoción de dos completos por 1500 pesos en la calle Edmundo Larenas, afuera de la Universidad de Concepción.
El estudiante de pedagogía en inglés dio un par de mascadas antes de ser interrumpido por un inspector municipal, quien le entregó una citación al juzgado de policía local que lo expone a una multa de entre 48.016 y 144.048 mil pesos.
“Me acaban de citar a declarar por comerme un completo en la calle”, escribió en su cuenta de Twitter el estudiante, sin sospechar que su caso tendría repercusión nacional.
“Mi compañera ya estaba en la mitad de su completo, por eso no la citaron. Yo estaba en la mitad del mío. Se me indicó que la citación es por comprar y consumir algo en un lugar no autorizado. Dentro de un rato, me encontré con un joven en la misma situación”, cuenta Soto a Publimetro.
La sanción se basa en una ordenanza municipal que castiga el comercio en bienes nacionales de uso público, lo que a su vez se ampara en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
“La municipalidad, a través su alcalde, tiene la facultad de dictar estas normas que van a regir dentro de su territorio, y en caso que no se cumplan puede aplicar multas”, explica la abogada Lya Rojas, directora de Rojas Abogados.
Justamente, la medida fue defendida por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortíz Vera. «Lo hizo en un local que no tiene permiso para vender en la calle. Hemos recibido reiteradas denuncias para que el sector de plaza Perú y toda la ciudad de Concepción no se transforme en venta de choripanes ni otras comidas”, dijo a Cooperativa.
En esa línea, en los últimos dos años varias comunas del país han emitido ordenanzas que fiscalizan tanto a los consumidores como a quienes ejercen el comercio ambulante. Providencia cuanta con 72 fiscalizadores que desde el 18 de julio recorren el territorio administrado por Evelyn Matthei.
Santiago, Estación Central y Las Condes también tienen una normativa para erradicar las ventas callejeras, mientras que Temuco alista su entrada en vigencia. El 9 de agosto el Concejo Municipal aprobó la ordenanza municipal que a partir de noviembre castigará a quienes compren o vendan productos en el centro de la ciudad.
Pese a los reglamentos, Soto alega falta de criterio. “Siento que la sanción fue súper arbitraria. Esta bien que fiscalicen, pero no de una forma arbitraria. Cuando voy a la universidad y tengo poca plata, compró ahí. Porque es más barato que comer en el patio de comidas de un mall”, se queja el estudiante, quien deberá presentarse ante un juez el martes 16 de octubre.
