Escazú es una ciudad de Costa Rica en la provincia de San José con cerca de 12 mil habitantes. Pero también es el nombre del pacto medioambiental que 24 países se comprometieron a firmar durante la Asamblea de las Naciones Unidas, la cual se está llevando cabo en la ciudad de Nueva York.
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La firma del texto quedó pactada para este 27 de septiembre y venía a consolidar un proceso internacional que comenzó en 2012, y del cual Chile y Costa Rica impulsaron y lideraron.
Sin embargo, la rúbrica de Chile quedó en suspenso luego de que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informara que la Cancillería había pedido postergar la participación de Chile en el acuerdo. La decisión del Gobierno generó dudas y críticas por parte de parlamentarios y organizaciones de defensa del Medio Ambiente.
Según el documento compartido por la Cepal, en el que se resume el preacuerdo alcanzado en Cosa Rica, el proyecto apunta a «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales».
La participación de las comunidades
El pacto, al cual suscribieron países como Argentina, Brasil, México y Venezuela, tiene como uno de sus puntos más importante, garantizar la participación de las comunidades en tomas de decisiones que involucren a ambas partes. Es decir, los países que firmen el tratado se comprometen a una «participación abierta e inclusiva en los procesos, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional». Dentro del texto, se explicita que ambas parte tendrán voto en la toma de decisiones.
Este punto que cae justo en medio de la crisis en Quintero y Puchunaví, donde las autoridades no han podido contener los casos por síntomas de intoxicación en la zona de sacrificio, mientras los pobladores apuntan con el dedo al cordón industrial que cerca la bahía.
Otro de los puntos que promueve el pacto, es la protección de los de los defensores de los derechos humanos y «prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones» en su contra. Según un informe de Global Witnes, 116 personas fueron asesinadas en América Latina durante 2017 por defender sus tierras y enfrentar practicas que afectan el medio ambiente.
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«Escazú no aumentará los conflictos socioambientales»
Ignacio Martínez, abogado de la Fundación Terram, califica de negativa la señal del Gobierno de dar marcha atrás a su participación del acuerdo, especialmente por su rol protagónica en el proyecto. «El acuerdo de Escazú apunta a elevar los estándares de calidad, la protección del medio ambiente y la capacitación de funcionarios y la población en estos temas. No tiene sentido creer que este pacto aumentará los conflictos socio ambientales en el país».
Durante la jornada de hoy la ministra Schmidt reafirmó la solicitud de Cancillería de no firmar por el momento el acuerdo de Escazú y aseguró que esto se debe a que «se está estudiando los mecanismos de reclamación internacional que tienen efecto a otros países».
El 13 de septiembre de este año, un grupo de 27 expertos en derechos humanos de la ONU celebró el preacuerdo e hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a firmar el texto. “Hay un énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Saludamos el enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente», aseguraron los representantes a través de una carta.
