El proyecto de Ley «Aula Segura» ya está listo para ser presentado en el Congreso. Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera, acompañado la ministra de Educación Marcela Cubillos, firmó el documento con el que pretende erradicar la violencia de los establecimientos educacionales. El proyecto es la respuesta del Gobierno a los ataques que han sufrido Carabineros y funcionarios de los llamados liceos emblemáticos del centro de Santiago.
El Mandatario aseguró que los actos de violencia «no solamente atentan contra la dignidad, la integridad física y la capacidad de enseñar de nuestros profesores, sino que también atentan contra el derecho de todos los demás alumnos a poder recibir educación de calidad», dijo el Presidente en la ceremonia llevada a cabo en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, el comuna de Santiago.
De esta manera, Piñera se pone a la cabeza de un proyecto que ya había sido anunciado por la ministra Cubillos en conjunto con los rectores de Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación, además del alcalde de Santiago Felipe Alessandri y la intendenta Karla Rubilar. La respuesta del Presidente se da justo después de un violento enfrentamiento entre encapuchados y Carabineros al interior del Liceo de Aplicación, donde un uniformado fue alcanzado por una bomba molotov. «¿Qué pasa con esas personas? ¿Tiene que morir alguien para que reaccionen?», se cuestionaba el Presidente tras la jornada de violencia.
El proyecto presentado por el Gobierno busca darle más facultades a los rectores de los establecimientos para agilizar los procesos de expulsión a estudiantes involucrados en hechos de violencia en colegio municipales y particulares subvencionado. Con el actual reglamento, pueden pasar hasta 25 días antes que un alumno sea expulsado de un establecimiento, tiempo en el que puede seguir asistiendo a clases.
Con este nuevo reglamento, el Gobierno espera «garantizar tres derechos fundamentales»: derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, derecho al debido proceso y derecho a la educación del estudiante sancionado.
