Los vecinos de las comunas de Quintero y Puchuncaví acusan ser «víctimas» de un daño irreparable al medioambiente. Y claro, desde hace 48 horas viven con una inédita alerta amarilla tras sufrir al menos dos episodios de contaminación esta semana.
En tanto, las clases han sido suspendidas en los colegios y en el Hospital local ya se han atendido cerca de 200 personas con síntomas de intoxicación, teniendo que ser reforzado su personal e instalaciones.
Según el Gobierno la responsabilidad es de la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP Ventanas, desde donde supuestamente se habrían liberado gases y derivados de hidrocarburo, por lo que se ordenó la suspensión de sus faenas.
Desde la empresa se defienden y descartan esta acusación, e incluso advirtieron que de comprobarse en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público con la PDI de que ellos no son los culpables, iniciarán acciones legales por haber dañado su reputación.
Lee aquí nuestra declaración sobre medidas provisionales adoptadas por la SMA: pic.twitter.com/mA0r2llnQ9
— ENAP (@Enap_Informa) August 24, 2018
La comunidad está indignada
«Nos dieron donde más nos duele, en nuestros hijos y eso no lo vamos a permitir. Lo permitieron nuestros abuelos y padres con nosotros, pero nosotros no vamos a permitir que nos sigan sacrificando así como lo están haciendo en esta zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví», relató Dayanna Cisternas quien integra la Coordinadora Ciudadana Despierta Quintero.
La dirigente vecinal explicó que a través de redes sociales y enfatizando en que «no importan los colores políticos», se han organizado entre los pobladores de ambas comunas para hacer distintas acciones para que este tipo de episodios no se vuelvan a repetir, enfocándose, dicen, principalmente en el daño a la salud que esto les estaría provocando.
Esto debido a que el borde costero estárodeado de industrias de producción metalúrgica y minera, donde además de Enap se encuentran Codelco, Oxiquim, GSL, entre otras 15 instalaciones.
«No es solo desde las últimas semanas que nos están envenenando lentamente. Ya no podemos seguir permitiendo ni tolerando este abuso del Estado de Chile. Tenemos que decirlo con todas sus letras: no es del gobierno de acá, no es de las municipalidades, esto es del Estado que nos ha dejado abandonados, que nos ha vulnerado, que día a día nos contamina con su polución y con sus químicos», añadió Cristián Toledo de la misma organización.
Él fue más allá y planteó que se les han estado pasando a llevar derechos que están estipulados en la Constitución de Chile, especialmente a los menores de edad.
«Nuestros niños y nuestros estudiantes están enfermos, se están intoxicando y no podemos permitirlo, tenemos que rebelarnos ante eso. Aquí se están vulnerando dos derechos constitucionales: primero es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el segundo es la educación. Aquí los muchachos no están dejando de ir a los colegios porque quieren, es porque el Estado no les está dando las garantías para estudiar como debe ser y eso no lo podemos permitir», sostuvo Toledo.
Reparación
Los vecinos están alineados en el diagnóstico y sus demandas son claras: exigen en primer lugar una reparación inmediata a las víctimas y aseguran que si el Estado no puede hacerse cargo de la fiscalización y las empresas no pueden cumplir con la normativa, entonces deberían cerrar.
«Las multas a estas industrias deben ser ejemplarizadoras, inhabilitantes en caso de infringir las normas de seguridad y operación ya reguladas por nuestras leyes. Cuando se trata de veneno liberado por sus procesos habituales de explotación y manejo de residuos, no podemos seguir calificando estas prácticas como errores administrativos», declaró a Emol el presidente de la comunidad Rocas de Ritoque, Jorge Narea.
El dirigente vecinal agregó que «si lo hacen (contaminar) en forma reiterativa y deliberada, se trata de un acto criminal en contra de seres humanos y eso debería tener consecuencias penales y no civiles».
A su parecer las compañías que cometan este tipo de actos deberían dar una indemnización inmediata a los afectados sin esperar la resolución de la justicia «por gastos médicos y de lucro cesante» además de «multa a favor de la municipalidad por el costo de la emergencia y posteriores reacciones junto con el cese de actividades hasta cumplir con las normas adecuadas de operación».
«Si no pueden hacerse cargo de la operación adecuada de la empresa, entonces como cualquier actividad económica que no cubre sus gastos, debería cerrar», concluyó Narea.
La fiscalización a las diversas instalaciones del Complejo Industrial Puchuncaví-Quintero ha estado a cargo de la SMA, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y otros organismos competentes.
